Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de una nueva ley general de protección civil y gestión del riesgo de desastres, donde se prevé que –tras la desaparición del Fondo Nacional de Desastres- deberán ser los estados los que provean recursos para atender emergencias y la reconstrucción.

En el proyecto, que se envió a comisiones, se propone que las dependencias federales y paraestatales únicamente podrán destinar recursos si existe disponibilidad en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente.

También, cambiar el modelo de declaratoria de desastre, por acuerdo de situación de emergencia, que sería emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependencia que tendría a su cargo de la Coordinación Nacional de Protección Civil, en lugar de la Secretaría de Gobernación.

La exposición de motivos resaltó que, en el pasado, el Fonden fue utilizado de manera discrecional y se incluye un cuadro con las conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación de recursos desviados entre 2002 a 2018 –en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto- por 3 mil 901 millones 947 mil 888 pesos.

Del total de esos recursos, que debieron destinarse a reconstrucción, la ASF reportó que únicamente se recuperaron 697 mil 336 pesos, es decir casi 0.86 por ciento.

La iniciativa presentó entre distintos ejemplos de corrupción en el uso de recursos del Fonden, lo ocurrido en Tabasco tras las inundaciones de 2011. En ese año, el Fonden transfirió a una cuenta bancaria del estado gobernado por Andrés Granier Melo, y en 2012 otros 3 mil 832 millones 392 mil 200 para reconstrucción.

Recordó que, en el informe de revisión a la cuenta pública de 2012, la ASF detectó desviaciones financieras por 215 millones 552 mil 500 pesos.

El gobierno de Granier Melo destinó esos recursos a factoraje financiero, servicio telefónico, vales de despensa, comisiones financieras, servicio de traslado de valores y fondos, pago de consumo de energía eléctrica, alquiler de equipos y muebles, mantenimiento y reparación de equipo de transporte, gastos de orden social, adquisición de material de limpieza, consultoría y asesoría, pago de auditorías, entre otros.