Bogotá. Las Madres de Soacha han llorado a sus hijos, víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, por cerca de dos décadas y el martes esperan recibir excusas públicas de parte del Estado en un acto encabezado por el presidente, Gustavo Petro, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Las excusas se dirigen a 19 familias de víctimas de Bogotá y de la vecina población de Soacha y se darán en la Plaza de Bolívar, en el centro político de la capital, en la que han protestado numerosas veces reclamando explicaciones sobre el paradero de sus hijos desaparecidos, algunos de ellos encontrados en fosas vestidos de guerrilleros.
“Sin perdón y sin olvido, ¿quién dio la orden?”, reza una pancarta en la plaza firmada por las Madres de Soacha, una organización conformada por madres, esposas y hermanas que exigen justicia y fueron las primeras en denunciar las ejecuciones extrajudiciales.
Los “falsos positivos”, como son conocidas esas ejecuciones, se convirtieron en el mayor cuestionamiento al Ejército colombiano, luego de que algunos de sus militares asesinaran a jóvenes para presentarlos como guerrilleros vencidos en combate para ganar recompensas.
El Tribunal de Paz calcula que la cifra de víctimas asciende a 6.402, la mayoría asesinados entre 2002 y 2008, periodo que coincide con la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.
Clara Inés Méndez, vestida con una camiseta blanca con el nombre de su hijo Edward Benjamín Rincón, cuenta con voz quebrada que su hijo y su sobrino, Weimar Armando Castro, fueron engañados con la promesa de un trabajo y resultaron abatidos y vestidos con uniformes militares que simulaban que eran guerrilleros.
“De 60 tiros solamente perdieron dos tiros, el resto en la humanidad de mis hijos; ése es el trauma más grande”, recalca Médez a The Associated Press. Las excusas públicas, para ella, no resarcen el dolor que han vivido desde el 2004, cuando desaparecieron. “Bueno sería que viniera el presidente Uribe y pidiera perdón, eso sí fuera una reparación a las víctimas”, reclama Méndez.
Óscar Ramírez, director de litigio de la Comisión Colombiana de Juristas que ha liderado casos de víctimas, aseguró a la AP que este acto de perdón se produce en su gran mayoría fruto de decisiones judiciales que le ordenaron al Estado pedir disculpas por las ejecuciones extrajudiciales.
“En otros momentos, el Estado negó su responsabilidad; hablaban de que eran ‘manzanas podridas’ en el Ejército y los jóvenes guerrilleros. A sus familias las tildaron injustamente y muchas terminaron en el exilio. Estamos en un cambio de postura, el Estado reconoce su participación”, agregó Ramírez.
