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En marcha, nuevo golpe de Estado en Guatemala: Arévalo

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El fin de semana continuaron las protestas en Guatemala para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y el cese del hostigamiento al tribunal electoral. Foto Afp
02 de octubre de 2023 07:16

Guatemala. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, calificó ayer de nuevo golpe de Estado en proceso el asalto del Ministerio Público (MP) lanzado este fin de semana contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y declaró: debemos unirnos todas y todos, activos y fuertes en la defensa de cada uno de los votos, de la democracia, de la Constitución.

Arévalo informó ayer en la red social X que con el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se comenzaron a trazar las líneas de cooperación bilateral.

Bueno, aquí estamos regresando de México. Tuvimos que alterar el viaje dada la situación que se ha dado con este asalto descarado del Ministerio Público. Pero el día de ayer tuvimos una excelente conversación con el presidente López Obrador y la canciller Alicia Bárcena, señaló.

El futuro gobernante se refirió a la confiscación de documentos originales de los comicios generales del 25 de junio pasado, en la primera vuelta, cuando Arévalo dio la sorpresa y pasó a segunda ronda, en el cuarto allanamiento a la sede del TSE.

Les pido mantenerse pendientes de los pasos a seguir de aquí en adelante. #NoMásSilencio, publicó Arévalo en X.

La ofensiva judicial contra Arévalo recibió nuevas condenas de Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), España y Chile.

Washington y la ONU condenaron el asedio judicial al tribunal electoral, pues socava la transición pacífica del poder en el país centroamericano.

El Departamento de Estado añadió: Estados Unidos está seriamente preocupado por los continuos esfuerzos para socavar la transición pacífica del poder. El Ministerio Público guatemalteco incautó material electoral bajo custodia del TSE, además de los intentos de despojar de inmunidad a funcionarios electorales y allanamientos a sus oficinas e instalaciones de almacenamiento, señaló en un comunicado el portavoz Mathew Miller.

Se trata de una acción antidemocrática que socava las instituciones democráticas de Guatemala y es incompatible con los principios de la Carta Democrática Interamericana, agregó. El pueblo guatemalteco ha hablado y su voz debe ser respetada.

El Departamento de Estado advirtió que estaba tomando medidas para imponer restricciones de visa a personas que socaven la democracia de Guatemala, incluidos miembros actuales y anteriores del Congreso, actores judiciales y cualquier otra persona que incurra en tales comportamientos.

En respuesta, el Ministerio Público guatemalteco subrayó que es una institución autónoma que no está subordinada a ningún ente internacional y que actúa en todos los casos con objetividad e imparcialidad para garantizar el estricto cumplimiento de la ley.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó desde Ginebra su profunda preocupación por la nueva arremetida. Estos eventos son los últimos de una larga lista de acciones muy preocupantes adoptadas en las últimas semanas que, tomadas en conjunto, parecen diseñadas para minar la integridad del proceso electoral y socavar el estado de derecho, comentó.

La OEA manifestó que los cateos al TSE de Guatemala constituyen acciones similares a las de regímenes autoritarios, y su secretario general, Luis Almagro, escribió en X: La soberanía reside en el pueblo. Respetar a las autoridades electorales significa respetar la voluntad popular. Un ataque o confiscar material electoral por autoridades no competentes violenta la democracia y daña la soberanía del país, informó Prensa Libre.

Frente al TSE, la vicepresidenta electa, Karin Herrera, llamó a la población a ejercer su derecho a protestar de manera pacífica en defensa de la democracia, de acuerdo con Prensa Libre.

Se está consumando un golpe a los comicios y a la voluntad del pueblo expresada en las urnas.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene ocho acciones legales en torno a las elecciones pendientes de resolución.

Como autoridades electas, con el respaldo del Movimiento Semilla y del pueblo de Guatemala, hemos dado la batalla para defender la voluntad popular, explicó Herrera, pero indicó que esto pasó de ser una contienda legal a algo sucio orquestado por actores que quieren la permanencia en el poder de un grupo de corruptos.

La sustracción de las actas, a consideración de la vicepresidenta electa, tiene serias intenciones de fondo: no dudamos que el objetivo de estos funcionarios sediciosos es la anulación de los resultados y la destrucción del régimen democrático.

Diputados electos de Movimiento Semilla entregarán una carta a la Corte de Constitucionalidad (CC) solicitando que se resuelva a la brevedad una cuestión de competencia que promovió el TSE.

Con esta acción esperarían que la CC defina si una judicatura penal puede o no tener incidencia en los comicios, tras lo ocurrido en las últimas semanas con las resoluciones del juez séptimo penal, Fredy Orellana.

La CC no ha fijado postura en el tema, incluso los amparos que ha presentado el TSE buscando frenar órdenes de allanamiento por temor a la vulneración del proceso electoral han sido solo remitidos a la CSJ.

Al respaldo se sumaron organizaciones civiles, incluido el Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, los cuales convocaron a un paro nacional para este lunes en varios puntos de la región, contra los intentos de golpe de Estado, informó Telesur.

Varias de esas fuerzas advirtieron que aplicarán la justicia maya ancestral a los implicados en el intento de golpe de Estado para perpetuar el régimen de corrupción en Guatemala, entre ellos la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, el fiscal especial Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana.

La Cámara de Comercio, el Consejo Nacional Empresarial y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras hicieron un llamado urgente al organismo judicial para detener los actos del MP que califican de ilegales.

La Conferencia Episcopal de Guatemala también manifestó su repudio a los allanamientos a instalaciones de autoridades electorales.

 
 

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