Puerto Príncipe. Hace tres años, Haití vivió un momento de esperanza con un masivo movimiento social de oposición al gobierno del entonces presidente Jovenel Moïse. En las calles de las principales ciudades del país llegó a haber más de un millón de personas en manifestaciones contra la corrupción del régimen, acusado de haber robado fondos internacionales destinados a atacar la pobreza.

Hoy, las organizaciones sociales que buscan una esperanza en medio de las crisis empalmadas de seguridad, gobierno y economía que atraviesa la nación caribeña no pueden convocar a ninguna movilización sin poner en riesgo la vida de los manifestantes, pues el espacio público ha sido tomado nuevamente, pero ahora por la brutalidad de las bandas criminales que asolan la capital y diversas provincias.

El Estado se ha desmoronado y las instituciones de este país de 11.4 millones de habitantes, de los que casi la mitad, alrededor de 5.2 millones de personas necesita ayuda humanitaria, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), funcionan al mínimo: no hay jefe de gobierno, pues Moïse, el último gobernante, fue asesinado por un comando extranjero en julio de 2021. No hay Parlamento, pues en enero terminaron los mandatos de 10 senadores que permanecían en funciones simbólicas, la sede de la Corte Suprema fue tomada el año pasado por pandilleros y el organismo quedó inoperante por meses, las elecciones se han pospuesto indefinidamente y el primer ministro Ariel Henry, al que los haitianos llaman Rey Ariel, porque no fue electo, tiene el respaldo de Estados Unidos y otras potencias, pero es tan impopular que prácticamente no sale de su residencia en Puerto Príncipe.

La Jornada visitó Haití por siete días a invitación de organizaciones y movimientos populares, cuyos activistas alertan de que la violencia de las bandas es alentada por agentes externos y desde el poder para crear un clima de inestabilidad usado como argumento por el gobierno de Henry para solicitar, desde 2022, el despliegue de fuerzas militares extranjeras en el país.

La posibilidad de algún tipo de acción multinacional iba a ser discutida el 15 de septiembre en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, pero la resolución fue aplazada posiblemente para octubre. El 19 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insistió ante la Asamblea General de la ONU en que se debe enviar una fuerza internacional al país caribeño.

Para Camille Chalmers, reputado intelectual de izquierda, dirigente del partido Rasin Kan Pèp y de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo (Papda) en Haití, las pandillas fueron una de las respuestas que el régimen dio a las demandas sociales de 2020. Con ellas se ha creado un clima de miedo que impide a la gente manifestarse en las calles, opina.

La urgencia que tenemos es que como pueblo se nos impide hablar, añade Sabine Manigat, socióloga y politóloga de la Universidad Quisqueya. El gobierno se ha entregado a las pandillas y las decisiones las toma la comunidad internacional, subraya, e insiste en que la imagen de Haití plasmada en la prensa extranjera, en la que resalta la miseria y la inseguridad, no pinta el cuadro completo de un país donde pervive un movimiento social, gente que se mantiene de pie y lucha y que requiere de la solidaridad internacional, no de una intervención.

La vida cotidiana en las calles de Haití cursa entre manifestaciones y actos de violencia callejera. En la imagen, aspecto de la comuna Petit-Goâve, al oeste del país, el pasado día 14. Foto Afp

 

Al recordar el resultado de las recientes intervenciones de fuerzas extranjeras en el país, muchos haitianos insisten en que una acción de este tipo no es la solución para las crisis superpuestas de Haití, el país de menores ingresos de América.

No hay evidencia de que una intervención militar haya resuelto los problemas en el pasado, sostiene Francia Pierrette, activista de izquierda y comunicadora de Radio Resistencia, un medio independiente asentado en Puerto Príncipe.

La última empresa de este tipo, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah), de-sembarcó en Haití el 1º de junio de 2004, por resolución del Consejo de Seguridad, que la autorizó luego de que el ex mandatario haitiano Bertrand Aristide salió al exilio y la nación entrara en un conflicto armado que se extendió por prácticamente todo el territorio.

El legado de la Minustah, que terminó en octubre de 2017, fueron cerca de 40 mil muertes por cólera y cientos de miles de contagiados de esa enfermedad introducida al país por los cascos azules de la ONU tras el terremoto que dejó más de 220 mil muertos en 2010. Los primeros casos aparecieron a orillas de un afluente del río Artibonite, donde soldados de la Minustah originarios de Nepal vaciaron sus letrinas.

La ONU negó en un principio su implicación en el brote de cólera, pero en 2016 reconoció su responsabilidad luego de que diversos estudios confirmaron esta conclusión. Además, se han documentado miles de casos de abusos sexuales cometidos por efectivos de la Minustah, así como robos y colusión con bandas criminales.

Hasta ahora, ningún país ha atendido la solicitud de Henry de enviar tropas a suelo haitiano. Pero se han dado algunos pasos en ese sentido: a finales de agosto, Kenia envió una delegación de funcionarios a analizar en el terreno la situación y explorar la posibilidad de materializar una misión en la que participen sus fuerzas de seguridad.

El 17 de julio de 2021, 10 días después del magnicidio de Moïse, los embajadores de seis países, entre ellos Estados Unidos, Francia y Canadá, agrupados en el llamado Core Group, publicaron un comunicado en el que expresaron su apoyo explícito a Henry como primer ministro de Haití, y dieron la espalda a la autoridad de Claude Joseph, quien fungía como primer ministro interino.

Una protesta del día 17 en la que los habitantes claman ayuda al gobierno contra la inseguridad en la capital Puerto Príncipe. Foto Ap

El respaldo a Henry, quien había sido nombrado primer ministro por Moïse dos días antes de su muerte, puso fin a la disputa por el poder entre ambas figuras por la ausencia del jefe de Estado, cuya legitimidad estaba mermada por los escándalos de corrupción.

Henry no solo heredó el poder de Moïse, sino también los cuestionamientos a su legitimidad, lo que no le ha impedido mantenerse en el poder por más de dos años gobernando por decreto y sin que se haya establecido un mecanismo para su relevo.

En agosto de 2021, distintas organizaciones políticas haitianas firmaron el Acuerdo de Montana, cuyo objetivo es romper con el régimen de extrema derecha del Partido Haitiano Tèt Kale, que postuló a Moïse y que mantiene el poder a través de Henry.

Su fin es establecer un gobierno de transición, pero las diferencias de opinión dentro de la oposición y la crisis de seguridad han lastrado el fortalecimiento de esta opción.

A principios de septiembre, una delegación enviada por la Comunidad del Caribe (Caricom) se reunió con Henry en búsqueda de que su gobierno alcance un acuerdo con la oposición. Tras su visita, el grupo se dijo decepcionado ante la inacción del primer ministro para negociar con los adversarios políticos y atender los urgentes problemas del país

Mientras, el pueblo sufre en las calles de la capital, en particular del área metropolitana, la implacable violencia de las bandas. Organizaciones de derechos humanos indican que hay más de 200 grupos armados, la mayoría asentados en Puerto Príncipe, donde disputan territorios, controlan los accesos a la ciudad y marcan el ritmo de la vida cotidiana, pues los secuestros, tiroteos y masacres se han incrementado en las semanas recientes, y ha dejado unos 200 mil desplazados dentro de la ciudad.