Esta figura podría permitir a quienes ejercen estos cargos públicos adquirir mayor profesionalización en sus tareas, lo que a su vez se traduciría en un mejor desempeño de sus funciones. En el ámbito internacional, existen opiniones favorables hacia la relección, siempre y cuando se encuentre limitada. Por ejemplo, la Comisión de Venecia presentó un informe en el que subraya que debe tener restricciones claras para aquellos que buscan mantener un cargo, lo cual contribuye a fortalecer las democracias al asegurar la alternancia política.

Existen argumentos en contra, por ejemplo, que puede desincentivar la rendición de cuentas y la transparencia, ya que los legisladores podrían sentirse con un mandato extendido y con menos presión para mostrar resultados inmediatos. Históricamente el sistema político mexicano había estado en contra de la relección derivado que esta figura era un vehículo para prácticas clientelistas y corruptas.

Los resultados en nuestro país desde 2014 aún son difíciles de evaluar. Respecto a los diputados federales, 139 la lograron, lo que representa 27.8 por ciento del total de las 500 curules que estuvieron en juego en el proceso 2020-2021. De estos, 107 consiguieron la relección mediante el voto ciudadano (mayoría relativa) y 32 por la designación de las cúpulas partidistas (representación proporcional). En total, alrededor de 198 legisladores buscaron la relección.

En un país donde la confianza en las instituciones es frágil, la posibilidad de relección puede ser vista con recelo, temiendo que los legisladores relectos puedan caer en complacencia, alejándose de las necesidades reales de la población y favoreciendo a grupos de interés. Será necesario evaluar cuidadosamente los impactos en la democracia mexicana para entender sus implicaciones.