Ciudad de México. Para los expertos del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, ésta sigue siendo una práctica generalizada en México y con demasiada frecuencia es el catalizador de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, a pesar de los avances significativos en la lucha por reducirla.

Sin embargo, el gobierno mexicano respondió que el informe no refleja adecuadamente el contexto actual. La política de seguridad del gobierno de México tiene un nuevo enfoque que busca atacar las causas estructurales de la de­sigualdad y reconoce los desafíos en la materia; no se coincide en la apreciación del grupo de trabajo de que las detenciones arbitrarias se presenten de manera generalizada en el país, aseveró en la reunión de cierre.

Al concluir su visita de dos semanas al país, los expertos de la ONU señalaron que tras reunirse con autoridades federales, estatales, sociedad civil, así como acudir a 15 lugares de privación de la libertad, constataron que persiste el uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa. Exhortaron al Estado a armonizar su enfoque con el derecho internacional de los derechos humanos, derogándola de la Constitución.

Se debe establecer, expusieron, que la prisión preventiva sólo puede aplicarse en función de una evaluación individualizada en la que se demuestre el riesgo de que el acusado se fugue, cometa una reincidencia grave o manipule las pruebas o testigos.

La experta Miriam Estrada-Castillo señaló que de las aproximadamente 90 mil personas en detención preventiva en 2022, alrededor de 50 por ciento estaban sujetas a la oficiosa y en muchas de ellas se había prolongado, e incluso algunas seguían presas a más de cinco años desde su detención.

Igualmente, el grupo de trabajo se pronunció por abolir la figura del arraigo. Aunque su uso está disminuyendo, también está presente en la Constitución, indicaron.

En este sentido, Matthew Gillett, vicepresidente de Comunicaciones, advirtió que la legislación interna no se puede usar como razón para evitar las obligaciones con el derecho internacional.

En conferencia, al presentar sus observaciones preliminares de esta segunda visita al país –el informe final será en septiembre de 2024–, los expertos, si bien reconocieron las reformas para reducir la detención arbitraria, incluida la transición a un procedimiento penal acusatorio, la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Registro Nacional de Detenciones y una jurisprudencia cada vez más centrada en los derechos humanos, enfatizaron que estos pasos deben consolidarse.

La delegación sostuvo que las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y agencias estatales y municipales están frecuentemente implicadas en detenciones arbitrarias.

Agregó que el uso frecuente de fuerzas militares para realizar actividades de seguridad pública ha estado estrechamente relacionado con el aumento de la violencia contra las personas detenidas, las desapariciones y los homicidios.

Sobre el uso excesivo de la fuerza, indicó, en muchos casos se infligen tortura y otras formas de malos tratos para obtener confesiones y declaraciones incriminatorias.

Junto con Ganna Yudkivska, vicepresidenta de Seguimiento, los expertos expresaron que durante estas dos semanas, en las que también estuvieron en Nuevo León y Chiapas, observaron debilidades, incluidos los sistemas de registro de las detenciones (ya que no se documentan todos los casos, como las que hacen los militares); interpretaciones demasiado amplias del delito en flagrancia; acceso insuficiente a asistencia legal efectiva.

También, ataques a la independencia judicial y al debido proceso; un enfoque demasiado punitivo de la política de drogas, y deficiencias en las condiciones de detención.

En el encuentro encabezado por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Joel Hernández, y el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque, el gobierno destacó la importancia de reflejar de manera adecuada la situación del país, pues ello abonará a que las recomendaciones del grupo de trabajo sean implementadas y se traduzcan en acciones para el fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Refirió que el grupo de trabajo reconoció dentro de sus observaciones las acciones emprendidas por México, como que el modelo de presunción de inocencia, ahora prescrita como principio rector en el sistema jurídico mexicano, es fundamental para evitar la detención arbitraria.

El gobierno informó en un comunicado que estará pendiente de las conclusiones finales en septiembre de 2024 y refrendó su compromiso con el cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.