El 26 de septiembre de 2014 aconteció la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, donde policías municipales, estatales y del Ejército Mexicano abrieron fuego contra los estudiantes como respuesta a la movilización social planeada hacia la Ciudad de México en conmemoración del 2 de octubre. Después de nueve años de este crimen de Estado, la verdad y la justicia se han vuelto una utopía para las familias de los 43 compañeros que nos hacen falta en la lucha social por la dignidad. Históricamente la comunidad estudiantil ha sido un agente político de transformación que ha apostado por la búsqueda de la dignidad y la resolución de las causas sociales. Sin embargo, los jóvenes han sido una de las poblaciones más impactadas por las omisiones y criminalización por parte del Estado, incluso desconocidas como personas defensoras y con capacidad de agencia para incidir políticamente en las decisiones del gobierno.
El caso de Ayotzinapa no es una situación aislada de la criminalización y la persecución política llevadas a cabo por el Estado hacia las comunidades y espacios donde se gesta la conciencia crítica y la resistencia hacia los sistemas de opresión. Es importante mencionar que las personas jóvenes, principalmente estudiantes y defensoras, son quienes han movilizado socialmente y exigido justicia por las desigualdades y la violencia que se vive estructuralmente en el país. Ellas, elles y ellos son quienes han impulsado la participación política para la búsqueda y el esclarecimiento de los crímenes de Estado, mientras este último actor político se ha encargado de construir comisiones y verdades que más que históricas han sido deplorables para las víctimas. ¿Hasta cuándo el derecho a la verdad será una realidad para las familias de los 43 compañeros desaparecidos? ¿Hasta cuándo las autoridades e instituciones dejarán de revictimizar a sus madres y padres? ¿Cuánto tiempo más tendrán que esperar para acceder a la justicia, verdad y reparación integral del daño? A pesar de los esfuerzos del gobierno federal y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual fue creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el esclarecimiento de los hechos, continúa existiendo obstaculización y negligencia por parte del personal de la administración estatal y federal actual, aun cuando fue una promesa electoral y con las víctimas del representante del Ejecutivo Federal garantizar sus derechos a la verdad, la justicia y la no repetición.
Durante este periodo de búsqueda de verdad por parte de las familias de los compañeros de Ayotzinapa han sido cada vez más evidentes la falta de voluntades políticas, el encubrimiento a intereses particulares ajenos a las víctimas, la construcción de escenarios alejados de la realidad vivida por quienes nos hacen falta desde aquel 26 de septiembre, la violencia institucional que ha intentado dañar su dignidad, así como la constante revictimización de las víctimas, sus familiares y organizaciones acompañantes durante su caminar.
Por ello, se vuelve cada vez más necesario exigir procesos de memoria, verdad y justicia que caminen de la mano de las víctimas y que los gobiernos actuales y próximos no intenten cooptar sus luchas como trofeos, sino que se requiere que asuman su responsabilidad ante las omisiones y negligencias para la protección de su vida, su dignidad y sus derechos humanos. Por consiguiente, se requiere que las próximas personas candidatas a la Presidencia de nuestro país planteen configuraciones políticas y sociales que brinden certezas y respuestas a las víctimas de las violaciones graves a derechos humanos y sobre los crímenes cometidos por el Estado. Es esencial que se vuelvan acciones transformadoras que atiendan las necesidades de las víctimas y sus familiares para una reparación integral del daño, y, sobretodo, para que estos sucesos no se repitan nunca más.
Porque la vida de nuestros 43 compañeros desaparecidos, así como de las más de 100 mil personas desaparecidas que nos hacen falta, no será olvidada de nuestra memoria social si seguimos alzando la voz y recordando que sin verdad, no hay justicia.
