Lisboa. "¡Tememos que nos echen a la calle en cualquier momento!", explica preocupada Alcina Lourenço, una ciudadana de Lisboa afectada por la crisis de la vivienda, que el gobierno portugués no logra superar pese a las medidas anunciadas recientemente.

Juzgando como ella que la acción del ejecutivo socialista es insuficiente, miles de portugueses manifiestan este sábado en las calles de la capital y de una veintena de otras ciudades en defensa del derecho a la vivienda a petición de un centenar de asociaciones.

De la noche a la mañana, Alcina, de 49 años, vio su alquiler multiplicado por 20, pasando de 32 a 635 dólares. Incapaz de hacer frente a esta situación, se le pidió que abandonara su departamento situado en un barrio del centro de Lisboa, donde vive desde los seis años.

"No sé a dónde ir", lamenta esta mujer que cuida de su padre de 89 años en silla de ruedas y de su marido de 61 años, enfermo de cáncer.

La crisis de la vivienda se está agravando desde que Portugal, amenazado de quiebra, recurrió en 2011 a una ayuda financiera internacional.

Para reponer sus arcas y satisfacer las exigencias de sus acreedores, el país se abrió a los capitales extranjeros gracias a una serie de medidas como los "visados dorados" -permisos de residencia concedidos a ricos inversores- o ventajas fiscales para los pensionistas extranjeros y los "nómadas digitales".

Estos inversores contribuyeron en gran medida a dinamizar el mercado inmobiliario y a la renovación de las grandes ciudades, que ven proliferar las viviendas turísticas de corta duración en respuesta a la afluencia de visitantes.

Según un estudio de la fundación portuguesa Francisco Manuel dos Santos, entre 2012 y 2021 el coste de la vivienda aumentó 78 por ciento en Portugal, frente a 35 por ciento en el conjunto de la Unión Europea.

En el segundo trimestre de 2023, la renta media volvió a subir 11 por ciento anual, según datos oficiales publicados esta semana.