Ciudad de México. A pesar de los avances “significativos” en la lucha contra la detención arbitraria, ésta sigue siendo una práctica generalizada en México “y con demasiada frecuencia es el catalizador de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias”, aseguró el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, al concluir hoy una visita oficial de dos semanas al país.

En conferencia de prensa, expresó que tras reunirse con autoridades federales, estatales, representantes de sociedad civil, así como acudir a 15 lugares de privación de la libertad, constataron que persiste el uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y exhortaron al Estado mexicano a armonizar el enfoque de esta figura con el derecho internacional de los derechos humanos, derogándola de la Constitución y estableciendo que solo puede aplicarse en función de una evaluación individualizada en la que se demuestre el riesgo de que el acusado se fugue, cometa una reincidencia grave o manipule las pruebas o testigos.

“De las aproximadamente 90 mil personas en detención preventiva (denominada "en proceso") en 2022, alrededor del 50 por ciento están sujetas a detención preventiva oficiosa, muchas de ellas habían sido sometidas a una prisión preventiva oficiosa prolongada, incluso algunas seguían a más de 5 años desde su detención”, expuso la experta ecuatoriana Miriam Estrada-Castillo.

Asimismo, destacó que es preocupante que la detención preventiva excesivamente prolongada “es común entre todas las personas detenidas (se observa que el total de la población en prisión era alrededor de 230 mil en México en julio de 2023) y no sólo entre aquellas en detención preventiva oficiosa”.

Si bien reconocieron las reformas en áreas de derechos humanos, incluida la transición a un procedimiento penal acusatorio, la extensión del amparo a los derechos humanos reconocidos internacionalmente, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la introducción de un Registro Nacional de Detenciones y “una jurisprudencia cada vez más centrada en los derechos humanos”, el Grupo de Trabajo de la ONU enfatizó que estos pasos deben consolidarse en beneficio de todas las personas que viven o transitan por México.

La delegación igualmente sostuvo que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y agencias estatales y municipales están frecuentemente implicadas en detenciones arbitrarias.

”Carecen de los controles civiles e independientes necesarios para garantizar la prevención y la rendición de cuentas”, dijeron los expertos.

Asimismo alertaron que el uso excesivo de la fuerza, especialmente desde el momento de la aprehensión hasta que los detenidos son puestos a disposición ante una autoridad judicial, es frecuente.

“En muchos casos, se infligen tortura y otras formas de malos tratos para obtener confesiones y declaraciones incriminatorias”, aseveraron

Además, destacaron que “los retrasos entre el momento de la detención de una persona, su puesta a disposición ante el Ministerio Público y su posterior traslado a la autoridad judicial, aumentan el riesgo de graves violaciones de derechos humanos durante este período crítico”.

Matthew Gillett, Ganna Yudkivska y Miriam Estrada-Castillo igualmente expresaron que durante estas dos semana observaron debilidades, “incluidos los sistemas de registro de las detenciones; interpretaciones demasiado amplias del delito en flagrancia; acceso insuficiente a asistencia legal efectiva; períodos excesivamente largos de prisión preventiva; ataques a la independencia judicial y al debido proceso; un enfoque demasiado punitivo de la política de drogas; y deficiencias en las condiciones de detención”.

Por otra parte, manifestaron su preocupación por las detenciones de personas migrantes que transitan por el país.

Aseveraron que “un gran número de personas migrantes y solicitantes de asilo están detenidas en México, el cual ascendió a más de 240 mil en el primer semestre de 2023”.

Subrayaron que si bien según la Constitución, tales detenciones administrativas deben limitarse a 36 horas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la detención de migrantes durante 15 a 60 días en virtud de la Ley de Migración es inconstitucional, el Grupo de Trabajo de la ONU descubrió que un número significativo son retenidas más allá del límite, “lo que aumenta el riesgo de incurrir en una detención arbitraria”.

Además, “un gran número de niñas y niños son detenidos en el contexto de la migración. Solo en 2022, más de 126 mil menores fueron canalizados a centros administrados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (“DIF”)”.

Aunque según el artículo 99 de la Ley de Migración, no se permite que los menores permanezcan en detención migratoria, en la práctica, las niñas y los niños migrantes suelen estar privados de la libertad, ya sea en refugios exclusivamente para menores no acompañados administrados por el DIF o en instalaciones compartidas con estaciones migratorias bajo la autoridad del Instituto Nacional de Migración.

Los expertos informaron que presentarán un informe final sobre la visita a México al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2024.