Más de un centenar de organizaciones defensoras de derechos humanos se unieron a las voces de denuncia sobre “la indignante” situación de violencia que se vive en gran parte de Chiapas, que, consideraron, es a causa “de la complicidad y permisividad de las autoridades de todos los niveles de gobierno hacia el actuar de grupos de la delincuencia organizada, quienes disputan el control del territorio”.

La Red Todos los Derechos para Todas y Todos, Serapaz, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, ALDEA, entre otras, exigieron al Estado mexicano que se brinde una atención integral a la población afectada directamente por la violencia, a los desplazados y que se garantice la seguridad.

Demandaron realizar una investigación imparcial y exhaustiva que identifique a los responsables de la violencia y que se imparta justicia, así como que se ponga en práctica una estrategia integral. De igual manera, enfatizaron que “no se considera la militarización prolongada como una respuesta duradera para lograr una pacificación real y estructural”.

También pidieron garantizar la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, defensores del territorio, y ciudadanía en general en Chiapas, particularmente en la Región Frontera y Sierra.

En un documento dirigido al gobierno federal y estatal, a los municipales de Chicomuselo, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Amatenango, Motozintla, Siltepec, Comitán, Mazapa de Madero, La Grandeza, Bella Vista, Bejucal de Ocampo y El Porvenir, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su homóloga del estado, las organizaciones advirtieron el incremento de distintas formas de violencia: “asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, amenazas, agresiones, extorsiones como ‘cobro de piso’, toma o irrupción de asambleas comunitarias, reclutamiento y desplazamiento forzado, despojo de bienes y de medios de vida”.

Desde hace más de dos años, expusieron, se ha venido agudizando esta disputa en el territorio “caracterizada por un fuerte control social a partir del terror y la violencia armada”.

“Alarma que entre las tácticas de los grupos criminales se ha tomado como rehén a la población civil, que es utilizada como escudo de guerra, forzándola a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos”, según notas periodísticas y testimonios, manifestaron.

“El corte de suministros básicos, como alimentos, gasolina, gas LP, luz eléctrica o servicio de compañías telefónicas mantiene a la población en vilo y zozobra con impactos psicosociales importantes”, sostuvieron.

Existe “angustia, escasez e incluso la imposibilidad de desplazarse por miedo a represalias de los grupos de la delincuencia en disputa”, expresaron.

Las organizaciones igualmente aseveraron que si bien la situación ha sido álgida en la Región Frontera, también en otros territorios se han presentado situaciones de violencia, y existe el riesgo inminente de que se generalice y agudice”.

Frente a ello, subrayaron que el Estado “tiene un deber urgente de protección, ya que es latente que la situación genere afectaciones y riesgos a la seguridad e integridad física, mental y emocional de la población. Las y los habitantes de estos municipios se encuentran en terrible vulnerabilidad con múltiples violaciones graves a sus derechos humanos, lo cual se suma a la histórica marginación del territorio”.

Lamentaron la “minimización de la violencia por parte del discurso oficial, destacando el titular del Ejecutivo nacional” y la “criminalización que se hace de la población por parte de algunos medios de comunicación, desligando de su responsabilidad al Estado, y reproduciendo una narrativa estigmatizante y descontextualizada”.

También reprocharon la respuesta “insuficiente del Estado” ante las denuncias de la población”.