Ciudad de México. En la reunión de cierre, al concluir la visita al país del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, el Estado mexicano, al tiempo de recibir sus observaciones preliminares, señaló su preocupación debido a que no se refleja adecuadamente el contexto actual.

“La política de seguridad del Gobierno de México tiene un nuevo enfoque que busca atacar las causas estructurales de la desigualdad y reconoce los desafíos en la materia; no se coincide en la apreciación del Grupo de Trabajo de que las detenciones arbitrarias se presenten de manera generalizada en el país”, aseveró.

Ello luego de que en las observaciones preliminares difundidas por los expertos de la ONU se advierte que esa sigue siendo una práctica generalizada en México “y con demasiada frecuencia es el catalizador de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias”.

En el encuentro encabezado por el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Joel Hernández García, y el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque, el gobierno destacó la importancia de reflejar “de manera adecuada la situación del país, pues ello abonará a que las recomendaciones del Grupo de Trabajo sean implementadas y se traduzcan en acciones para el fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

Indicó que durante la visita oficial, del 18 al 29 de septiembre, la delegación de la ONU, conformada por el vicepresidente de Comunicaciones, Matthew Gillett; la vicepresidenta de Seguimiento, Ganna Yudkivska, y Miriam Estrada-Castillo, tuvo la oportunidad de abordar un amplio espectro de temas con autoridades de los diferentes órdenes de gobierno y poderes de la unión, de manera consistente con su mandato. “Las observaciones de carácter preliminar, en gran medida, reflejan este enfoque”, sostuvo.

Refirió que el Grupo de Trabajo reconoció dentro de sus observaciones que el modelo de presunción de inocencia, “ahora prescrita como principio rector en el sistema jurídico mexicano, es fundamental para evitar la detención arbitraria”.

Igualmente que, en seguimiento a su recomendación anterior, en 2019 se introdujo una reforma constitucional que estableció el Registro Nacional de Detenciones (RND), formulando diversas observaciones para su fortalecimiento. También “reconoció la disminución del arraigo y que rara vez se utiliza en la actualidad, sin embargo, alienta a las autoridades mexicanas a eliminar este procedimiento y disminuir la detención preventiva”.

El Grupo de Trabajo “acogió con satisfacción que aproximadamente 95 por ciento de personas acusadas de delitos graves tienen asignados defensores públicos que los representan y que la transición a un sistema acusatorio ha colocado a los abogados defensores públicos en una mejor posición para cumplir con su mandato, sin dejar de observar la carga significativa por el número de casos para las defensorías públicas, y las limitaciones financieras y de personal, así como la necesidad de mejorar las condiciones de privación de la libertad en algunos centros de detención y prestar atención a las necesidades diferenciadas de las personas con discapacidad psicosocial”.

Adicionalmente, el expresó su preocupación por la situación que enfrentan las personas en situación de movilidad en el país, “a su vez, reconoció el entorno regional que ha llevado a un aumento drástico de personas que llegan a México. Se destaca que la Ley de Migración no permite que las niñas, niños y adolescentes permanezcan en una detención migratoria”.

Finalmente, en un comunicado se informó que el Estado mexicano estará pendiente de las conclusiones finales del Grupo que serán presentadas en septiembre de 2024 en el Consejo de Derechos Humanos, y la representación de México refrendó su compromiso con el cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos previstas en el artículo 1º de la Constitución.