Un conjunto de hechos ciertos puede ser articulado de tal manera que conduzca a conclusiones falsas, pero no al revés. La “verdad histórica” urdida por el peñato para cerrar todo posible esclarecimiento de la atrocidad perpetrada el 26 de septiembre de 2014 en Iguala fue una mentira construida a partir de muchas mentiras. En contraste, el segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), expuesto el miércoles por su titular, el subsecretario Alejandro Encinas, es una presentación de avances hacia el conocimiento total de lo sucedido, pero de ninguna manera un ensayo de poner punto final a las investigaciones, las cuales, por lo que hace a esa comisión, no pueden terminar antes de se sepa el paradero de los 43 jóvenes que sufrieron desaparición forzada y las responsabilidades precisas de cada uno de los 434 “actores relevantes identificados hasta ahora: 109 integrantes de grupos delictivos, 35 del gobierno guerrerense, 12 del ayuntamiento de Iguala, 125 policías de ese y otros municipios, 39 de las fuerzas armadas, 36 del gobierno federal y otros 78 a los que se menciona como “otros involucrados”.
En lugar de restringir y delimitar a un grupo de individuos la participación en los delitos perpetrados, como lo pretendió el operativo de la verdad histórica de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, la investigación de la Covaj identifica nuevos actores y consigna hechos concretos jamás señalados en aquella farsa. Lejos de excluir y minimizar la participación de instituciones de los tres niveles de gobierno en la barbarie de Iguala, el informe del miércoles pasado enuncia y señala sin concesiones ni ocultamientos la intervención de instancias del poder público que no habían sido señaladas, no sólo en las desapariciones y los homicidios perpetrados, sino también en la subsecuente construcción de la mentira y en los obstáculos que se han presentado desde entonces.
El informe presentado por Encinas es, de manera adicional, un rotundo desmentido a versiones, como que la presidencia de Andrés Manuel López Obrador pretende ofrecer otra verdad histórica, que este gobierno encubre a las instituciones castrenses o que se ha esfumado su voluntad política para llegar a fondo en el esclarecimiento y la judicialización de lo ocurrido. Quien se tome la molestia de consultar el documento y sus anexos encontrará, entre otras cosas la documentación precisa de los trabajos de búsqueda que continúan hasta la fecha, a los centenares de aprehensiones que se han logrado de 2019 a la actualidad –más de una treintena de ellas, este año–, a los reportes militares que aún no han sido entregados, a los descubrimientos colaterales de decenas de restos humanos y a la identificación de algunos correspondientes a uno de los estudiantes desparecidos; encontrará, asimismo, la enumeración precisa de las resistencias institucionales a las que se ha enfrentado el trabajo de esclarecimiento y al indignante papel desempeñado por jueces y tribunales que obstruyen la justicia en lugar de impartirla. El caso más grotesco, por cierto, se registró el miércoles mismo, cuando la jueza María Isabel Bernal (séptima administrativa de la CDMX) notificó a Encinas, una hora antes de que iniciara su exposición, la prohibición de que llame torturador al torturador Tomás Zerón de Lucio, o que se refiera a él como creador de la verdad histórica. “Al presidente de la comisión de la verdad se le instruye a no decir la verdad”, apuntó el subsecretario de Gobernación.
Las descalificaciones al actual gobierno por su trabajo en el esclarecimiento de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala proceden de sectores muy diversos y se explican por muy diversas razones: el dolor y la entendible impaciencia, por lo que hace a los familiares de los muchachos desaparecidos o la ingenuidad y la desinformación, en otros casos. Pero es inevitable observar, en algunas entidades y organizaciones nacionales e internacionales, una orquestación insidiosa y un afán de golpeteo político y mediático contra el gobierno de la 4T. Se trata, sin duda, de una campaña bien diseñada, toda vez que apunta a dinamitar dos de las alianzas estratégicas del movimiento de la Cuarta Transformación: la que se ha tejido con los movimientos sociales y populares desde mucho antes de alcanzar la Presidencia, y la que se estableció, desde ella, con las fuerzas armadas.
En esa circunstancia, el segundo informe de la Covaj documenta el compromiso del gobierno de López Obrador con la búsqueda de la verdad y la justicia y resulta, por ello, fundamental para superar la desconfianza de los padres de las víctimas de Iguala, informar a los desinformados, orientar a los despistados y dejar sin munición a los perversos.
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