San Cristóbal de Las Casas, Chis. Más de cien redes, agrupaciones y colectivos del país exigieron “urgentemente” al Estado mexicano “brindar atención integral a la población afectada directamente por la violencia” los municipios de la sierra y la frontera de Chiapas, donde cárteles de la droga se disputan el territorio.

En una carta dirigida a los tres niveles de gobierno demandaron también “brindar atención urgente a las víctimas por desplazamiento forzado, y genere condiciones duraderas para su retorno pronto y seguro; atender las necesidades humanitarias de alimentación, salud y refugio ante la emergencia; garantizar la seguridad para el libre tránsito de la población y realizar una investigación imparcial y exhaustiva que identifique a los responsables de la violencia, y que se imparta justicia”.

Asimismo, “implementar una estrategia integral, garantizando la seguridad de la población”, pues “no se considera la militarización prolongada como una respuesta duradera para lograr una pacificación real y estructural; garantizar la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, defensores del territorio y ciudadanía en general en Chiapas, particularmente en la región frontera y sierra”.

Las agrupaciones recordaron que “desde hace más de dos años se ha venido agudizando la disputa en el territorio caracterizada por un fuerte control social a partir del terror y la violencia armada”.

Dijeron que “de acuerdo con notas periodísticas y testimonios anónimos, alarma que entre las tácticas de los grupos criminales se ha tomado como rehén a la población civil, que es utilizada como escudo de guerra, forzándola a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos”.

Manifestaron que “el corte de suministros básicos como alimentos, gasolina, gas lp, luz eléctrica o servicio de compañías telefónicas mantiene a la población en vilo y zozobra con impactos sicosociales importantes. Existe angustia, escasez e incluso la imposibilidad de desplazarse por miedo a represalias de los grupos de la delincuencia en disputa”.

Frente a lo anterior, agregaron, “ello Estado tiene un deber urgente de protección, ya que es latente que la situación genere afectaciones y riesgos a la seguridad e integridad física, mental y emocional de la población. Las y los habitantes de estos municipios se encuentran en terrible vulnerabilidad con múltiples violaciones graves a sus derechos humanos, lo cual se suma a la histórica marginación del territorio”.

La disputa por el territorio en esa región colindante con Guatemala comenzó hace más de dos años, cuando el Cártel de Sinaloa se dividió y un grupo se integró al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que incrementó los enfrentamientos, asesinatos, desapariciones y bloqueos carreteros.