Ciudad de México. Comuneros de Santo Tomás Ajusco en Tlalpan, expulsaron a personal del gobierno de la ciudad que realizaba la recuperación de un predio en suelo de conservación, en el paraje Llano Grande, a la altura del kilómetro 14.200 de la carretera Picacho Ajusco, donde el club deportivo Atlante construía instalaciones sin la autorización de impacto ambiental.
El operador de una retroexcavadora que realizaba la demolición de la barda perimetral resultó con una herida en la cabeza al ser apedreado para obligarlo a detener su unidad, mientras que entre empujones, patadas y amenazas fue replegado un inspector de vigilancia ambienta de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr) de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina (Sedema) por más de una docena de comuneros.
El operativo inició pasadas la 9:00 horas en un predio con una superficie de 37 mil metros cuadrados donde además de la barda perimetral se construyó una cisterna, se instalaba un sistema hidráulico en toda la superficie del terreno y se edificaba una construcción sobre una superficie de unos mil metros cuadrados.
Lo anterior a partir de un procedimiento que inició en octubre de 2021 y en que los apoderados legales del club deportivo no pudieron exhibir la autorización de impacto ambiental.
Pasada una hora comenzaron a acercarse comuneros y cuando se había reunido alrededor una docena, una persona que dijo llamarse Víctor Juárez y ser amigo del dueño, “el señor Emilio”, exigió que se detuviera los trabajos de demolición al asegurar que la obra estaba autorizada.
Posteriormente ingresaron los comuneros que admitieron haber llegado a un acuerdo con el club Atlante para instalar una academia de futbol y a cambio les ofrecieron descuentos del 50 por ciento en el pago colegiaturas para la comunidad, un dispensario médico y terapeutas.
En la discusión, algunos comuneros confrontaron también a los mandos de la policía que acompañaba al operativo y amenazaron con hacer sonar las campanas de pueblo para traer a más gente e incendiar los vehículos.
Ante la agresividad de los comuneros, cuando comenzaron a empujar y patear al inspector de vigilancia ambiental y a apedrear a la maquinaria, optaron por retirarse, lo que impidió concluir la demolición e imponer el estado de clausura a la obra.