Ciudad de México. Ante la presencia de migrantes en la Plaza Giordano Bruno y en un campamento de personas afectadas por el sismo ocurrido en 2017, ubicado en el cruce de Roma y Milán, colonia Juárez, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) ha desplegado brigadas de atención en calle.
Dichas brigadas, señaló, han dado puntual atención y en los casos en los que así lo aceptan se ha canalizado a las familias al albergue temporal de Tláhuac, donde se les brinda alimentos calientes en tres momentos del día, pernocta y servicios de higiene y salud.
Además de trámites migratorios que ofrece la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; y se mantiene coordinación con albergues de la sociedad civil, a los que se da atención a las necesidades relativas a los servicios que ofrecen para los migrantes que ahí llegan.
Explicó que se les apoya con diversos servicios y bienes, como cobijas, colchonetas, alimentos y vinculación con instancias del Gobierno capitalino, que mantiene acciones permanentes para los migrantes y garantiza sus derechos durante su tránsito por la ciudad.
Vecinos de la colonia denunciaron que diariamente se suman más migrantes a la plaza y al campamento irregular en espera de realizar sus trámites de tránsito, movilidad, trabajo o naturalización ante la Comar.
Dicha situación, dijeron, ha impactado de manera negativa a los negocios, cuyos clientela ha disminuido, al igual que sus ingresos; y a los habitantes de la zona, quienes prefieren rodear estos espacios, al representar un foco de inseguridad.
Comentaron que, se han dado “algunas situaciones de conflictividad entre migrantes y la gente del campamento, el cual obstaculiza la circulación vehicular y representa un riesgo en materia de protección civil, porque nadie puede pasar por ahí”.
Por ello, solicitaron a la Sibiso la instalación de una mesa de atención permanente en la zona y evitar, como sucedió en abril pasado, “se desborde el número de migrantes que pernoctan y hacen su vida en estos espacios”.
ientras, a la Secretaría de Gobierno le piden la reubicación del campamento, cuyos habitantes ocupaban de manera irregular un inmueble privado y catalogado antes del sismo de septiembre de 2017.