Aunque en México la minería submarina está prohibida por la legislación, se busca que tampoco se realice en aguas internacionales y en el área que está entre México y Hawai, en la Zona Clarion Clipperton, las empresa Metals Company planean extraer metales, que se consideran "patrimonio común de la humanidad”, advirtió Greenpeace.
Al realizar este miércoles una acción, en la que activistas de Greenpeace subieron al monstruoso buque minero Hidden Gem, fondeado en la Bahía de Manzanillo, en Colima, para colgar en él una gran manta con la consigna: “destructor del océano”, la organización señaló que se trata de una embarcación que pone en riesgo el océano.
Su presencia en Manzanillo pone de manifiesto las intenciones de la industria minera, en particular de la minera canadiense The Metals Company, de iniciar actividades para extraer minerales, en la región mencionada, señaló en un comunicado.
Explicó que esa zona es conocida por su abundancia de nódulos polimetálicos, que son depósitos minerales ricos en cobre, níquel, manganeso y otros minerales de interés económico. Estos nódulos tardaron millones de años en formarse y se encuentran en el fondo marino, una zona muy poco explorada pero donde recientemente fueron descubiertas cinco mil especies marinas nuevas, las cuales ya se encuentran en peligro por los planes de esta industria.
Señaló que la actividad minera en esta zona también representa un riesgo para México por su cercanía con el área natural protegida del Pacífico Mexicano Profundo y el Archipiélago Revillagigedo, Patrimonio Natural de la Humanidad. Los impactos de la minera en aguas profundas incluyen contaminación lumínica y acústica, además de descargas de sedimentos que podrían aumentar la turbidez en la columna de agua y movilizar contaminantes, todo esto afectará la vida de muchas especies, incluyendo cetáceos.
La presencia del Hidden Gem en el país es relevante porque el gobierno de México recientemente participó en dos procesos internacionales encaminados a la regulación y protección de los océanos. El primero ocurrió en julio pasado, cuando la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) concluyó sin dar luz verde a la minería en aguas profundas. En marzo la Organización de las Naciones Unidas finalmente aprobó el Tratado Global de los Océanos, un acuerdo que busca que para 2030 al menos un tercio del océano sea área protegida. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se adhirió a esta decisión, mencionó.
