Ciudad de México. Al presentar el segundo informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que no hay indicios que permitan suponer que los 43 estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, se encuentren con vida y que por el contrario, “todas las declaraciones, testimonios y evidencias indican que fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.

Reiteró que este caso fue un crimen de Estado y la verdad histórica construida en la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto constituyó “una segunda desaparición” de los jóvenes.

En este sentido, dio a conocer que el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio -a quien se refirió como el innombrable debido a que por un amparo que tramitó ya no lo puede señalar como “torturador” y como autor de la “verdad histórica”-, reconoció que ésta fue una construcción desde el gobierno federal, a partir de lo que denominó la “junta de autoridades”, que se llevaron a cabo en Los Pinos, y en la zona militar de Iguala y oficinas de la Procuraduría General de la República realizadas durante el 7 y 8 de octubre del 2014.

Entre los asistentes a esas reuniones, además de el ex presidente Enrique Peña Nieto, el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, también aparece el nombre de Omar García Harfuch, comisionado en ese entonces de la Policía Federal Preventiva en Guerrero, y que actualmente es aspirante a la coordinadora estatal de defensa de la transformación en la Ciudad de México.

A pregunta expresa sobre la intención del ex jefe de la Secretaría de Seguridad capitalina de ser jefe de gobierno, Encinas respondió que su nombre aparece dentro de las minutas que forman parte de las investigaciones sobre el caso, como participante en esas juntas de autoridades, por lo que es necesario que se aclare esa situación, lo que corresponderá a la fiscalía especial que investiga los crímenes contra los normalistas.

“Leí una serie de declaraciones que el propio aspirante a coordinar los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación y formarán parte de todo el proceso que está desahogando la fiscalía. Todos los que sean requeridos por la fiscalía tendrán que comparecer”, sostuvo.

La decisión de ser candidato es una “que le corresponde, nosotros estamos aquí estamos para la verdad y no para intervenir en los procesos políticos de los partidos”, manifestó.

Como se expuso un día antes en la narrativa que se difundió por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual fue presentada a los padres y madres de los jóvenes el lunes pasado, insistió en que el móvil de la desaparición se sustenta en tres posibles causas: confusión de Guerreros Unidos respecto a la presunta filtración de Los Rojos, entre los estudiantes; el dar un escarmiento en un contexto de amenazas de parte del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el citado grupo criminal, y el trasiego de drogas y la eventual presencia de drogas, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados.

En la Secretaría de Gobernación, Encinas, quien estuvo acompañado por su equipo, señaló que la investigación confirma que las autoridades federales, estatales y municipales del más alto nivel “fueron omisas y negligentes”, y se reconoce que existió un “vinculo y contubernio entre el grupo delictivo Guerreros Unidos y las policías municipales de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco, la policía estatal, la ministerial estatal, la federal y miembros del Ejército.

Respecto a la búsqueda de los jóvenes, señaló que “prácticamente no seguimos buscando fosas clandestinas con cuerpos, sino lo fundamental, por el modus operandi de este grupo delictivo, estamos buscando restos calcinados”.

Indicó que a través de la Covaj se han procesado 498 restos pendientes de 2014 a 2023, de los que se han logrado identificar a 47.

Mencionó también el caso de Julio César Mondragón, asesinado y desollado la Noche de Iguala, asegurando que toda la información, indicios y evidencias, incluso aportados por la familia, confirman que fue ultimado en la zona industrial en Iguala, aunque en su último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) surgieron otras dos versiones, una que fue el Batallón 27 el que hizo el hallazgo a las 10:20 de la mañana y un tercer documento generado por la 35 Zona Militar, identificado como GAOI 27 de septiembre, que informa el descubrimiento de “un cuerpo sin vida del sexo masculino” en inmediaciones del poblado de Mexcaltepec, por Taxco.

En su exposición el subsecretario también acusó que hay un “acoso judicial” que se “ha convertido en una práctica para tratar de desvirtuar el trabajo realizado”. Hizo mención particular al caso de Zerón.

“Ese es un asunto paradójico en la vida de nuestro país, al presidente de la comisión de la verdad se le estudia a no decir la verdad, a guardar silencio”. No se entiende, agregó, “cuál es la función de una Comisión de la Verdad”.

Otro ejemplo, señaló, es la decisión de otro juez que otorgó a los militares que fueron detenidos desde el año pasado, una suspensión similar a fin de que no hiciera declaración alguna a partir de reconocer el principio de presunción de inocencia.

Encinas aclaró también que las capturas de pantalla que se presentaron en el primer informe, de testigos, no forman parte del actual, luego de que la Fiscalía Especial para el caso solicitó a la empresa Meta Plataforms, que son los desarrolladores de las aplicaciones de WhatsApp y de Facebook, una opinión.

“Nos dijo que, por las condiciones del sistema operativo de WhatsApp, nos es imposible a través de capturas de pantalla o cualquiera de otra manera validar la existencia o no existencia de las comunicaciones”, dijo.

Al referirse a la verdad histórica que se construyó en la administración anterior, y los señalamientos de padres y madres de los familiares de los normalistas respecto a que el actual gobierno quiere dar una segunda, hizo una exposición sobre las diferencias. Advirtió que la primera fue una construcción desde gobierno federal para legitimar socialmente la verdad de los hechos”.

Destacó que se tiene evidencia de que en ningún momento los estudiantes juntos tras la salida de la terminal del norte, a donde acudieron para tomar algunos camiones para la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. “Del análisis de las comunicaciones telefónicas y testimonios recabados se desprende que los estudiantes fueron divididos en al menos tres grupos y llevados a diferentes destinos”.

El día de los hechos, “participaron en colusión los grupos criminales que operaban en la región; autoridades civiles y grupos de seguridad municipal; así como autoridades federales, estatales y elementos del 27 batallón de infantería.

También afirmó que no existe evidencia que hubiera vinculo de los estudiantes con cualquier grupo delictivo.