Chihuahua, Chih. Un testigo presencial del homicidio de la defensora de comunidades indígenas, Gloria Cañez y su hija Sally Avella, perpetrado en el municipio de Balleza el pasado 9 de septiembre, fue asesinado cuando acudía a declarar en la Fiscalía General del Estado en relación al crimen, denunció el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.

El martes fue ultimado quien fuese testigo presencial del asesinato de la activista, identificado como Eduardo Cruz Cruz y su padre Isidro Cruz Bustillos, fueron asesinados al salir de su comunidad, al trasladarse a la ciudad de Chihuahua, con la finalidad de que el primero pudiera dar su testimonio y así abonar a que el crimen no quede impune.

Estos lamentables hechos son un obstáculo en la obtención de justicia, misma que demandamos. Exigimos que se investiguen los hechos, se castigue a las personas responsables y se brinde la protección adecuada y necesaria a la familia de Gloria Cañez, así como a la comunidad de Yerbabuena quienes se encuentran recibiendo amenazas y temen por su seguridad.

En el marco de estos acontecimientos, hemos solicitado a las autoridades correspondientes, tanto a nivel estatal como federal, las medidas suficientes para garantizar la seguridad y el derecho de la comunidad a defender su territorio.

La activista y defensora mantenía más de 20 años de lucha que le fue heredada de sus antepasados, para el reconocimiento del territorio para la comunidad de Yerbabuena, que consta de aproximadamente 60 personas.

Este 2023 el Tribunal Agrario emitió un resolutivo en el que se reconoce la existencia y creación de la comunidad, que se encuentra entre los ejidos de San Carlos, Guajolotes, Chinatú y Catedral, en lo intrincado de la sierra del estado de Chihuahua. Este resolutivo les reconoce como dueños y dueñas del predio; el 12 de septiembre se habría convocado a una Asamblea General para nombrar una autoridad formal, misma que no se pudo llevar a cabo tras los hechos tan lamentables antes descritos.

El homicidio de Gloria Cañez y su hija se cometió en la comunidad de Yerbabuena del municipio de Balleza, presuntamente a manos de un grupo del crimen organizado, días antes de que la defensora se reuniera con autoridades de la Procuraduría Agraria para restituir tierras que pelea la comunidad rarámuri desde hace décadas, explicó el coordinador de la asociación civil Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Gabino Gómez.