En su comparecencia ante el Senado de la República, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, dio a conocer los avances del país en materia económica. Sin duda, el dato más significativo reside en que 5 millones de personas superaron la condición de pobreza, con lo que, por primera vez en la historia, menos de 40 por ciento de los mexicanos padece este flagelo. Semejante hito se alcanzó gracias a la aplicación de un gasto sin precedente en protección social por medio de becas, pensiones y otros programas. Como ha reiterado el presidente Andrés Manuel López Obrador, si México puede canalizar recursos hasta hace poco impensables para aliviar las carencias de la población es gracias a la eliminación del gasto suntuario en la administración pública, el combate a la corrupción y el recorte de los intermediarios que capturaban una tajada del erario a cambio de sus cuestionables servicios.
Los apoyos directos han tenido un impacto tan amplio porque su dispersión se realiza en el contexto de un manejo macroeconómico responsable que garantiza estabilidad, certidumbre y estimula el crecimiento. Es decir, los programas sociales se encadenan de manera virtuosa con el resto de la economía, generando un bienestar social que los ciudadanos viven de primera mano, y también puede expresarse en números. Por citar datos recientes, el valor de la construcción ya recuperó sus niveles previos a la pandemia, el consumo (que refleja tanto el poder adquisitivo como la confianza en el mediano plazo) sigue creciendo, y la inflación se reduce mes a mes, incluso cuando se ha reducido en casi 60 por ciento el subsidio a las gasolinas. Todo ello, en un difícil contexto pospandémico.
Lo que es todavía más importante: el apoyo a los más necesitados y los inéditos proyectos de infraestructura (Tren Maya, Corredor Interoceánico, refinería Olmeca, aeropuertos que, debe recordarse, no son elementos aislados, sino piezas de un plan general de desarrollo) han revertido el cruel rezago impuesto a las entidades del sureste mexicano, convirtiéndolas en las que experimentan el mayor crecimiento, con tasas que doblan el incremento del PIB nacional.
Es necesario remarcarlo: no se trata de populismo ni de sacrificar a unas regiones por otras, sino de subsanar una deuda histórica con una vasta zona que durante siglos fue vista como territorio para el expolio, y cuyos habitantes fueron sometidos a formas de trabajo rayanas en la esclavitud mucho después de que esta iniquidad fuera legalmente abolida.
Tampoco puede soslayarse que bajo la Cuarta Transformación el combate a la pobreza tiene una doble función: el bien que representa en sí misma la cobertura de las necesidades elementales de los habitantes, y su impacto en la lucha contra la inseguridad al alejar a los jóvenes de la delincuencia y reducir las fuentes de reclutamiento del crimen organizado. Al respecto, la insatisfactoria pero sostenida reducción de la violencia delictiva muestra el acierto de encarar el fenómeno delictivo atendiendo a sus causas profundas.
Reconocer los avances no implica entregarse a la complacencia, toda vez que 40 por ciento de los mexicanos en distintos niveles de carencia es un porcentaje inaceptable que debe reducirse hasta que cada habitante del país goce plenamente de sus derechos humanos a una alimentación adecuada, a la educación, la salud, la vivienda, la cultura y el esparcimiento.
A fin de consolidar el progreso, la estrategia aplicada en estos cinco años debe convertirse en política de Estado, para lo cual sus principales componentes (Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, becas Benito Juárez, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, entre otros) tendrían que inscribirse en la Constitución a fin de impedir tentaciones regresivas en gobiernos futuros.
