En comisiones del Senado avanzó ayer el proyecto para emitir una nueva Ley General de Población, la cual plantea la emisión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) con fotografía, que servirá como documento oficial de identificación, esto es, que la credencial para votar ya no tendría esa función.

Con el voto en contra de la oposición, el proyecto de dictamen fue avalado por Morena y sus aliados. Establece que la Secretaría de Gobernación (SG) será la responsable de emitir la CURP y proporcionará al Instituto Nacional Electoral (INE) la información del Registro Nacional de Ciudadanos que sea necesaria para la integración de los instrumentos electorales, en los términos previstos por la ley.

La nueva CURP, que deberá renovarse cada 15 años, contendrá el nombre del titular y su fotografía, su clave de registro de población, el lugar y fecha de nacimiento y las huellas dactilares.

La propuesta para abrogar la Ley General de Población publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974 y crear una nueva legislación fue presentada por las senadoras Olga Sánchez Cordero y Mónica Fernández el pasado 30 de marzo.

Establece que los ciudadanos tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener la CURP con fotografía.

El proyecto agrega que la SG podrá verificar los datos relativos a la identidad de las personas mediante la confrontación de la información aportada por los ciudadanos a las dependencias y entidades de la administración pública federal, que para el ejercicio de sus funciones tengan establecidos procedimientos de identificación personal.

Esas instancias estarán obligadas a proporcionar la información que para este efecto solicite la secretaría, abunda el dictamen con el que se alude a que en el pasado, el INE se negó a entregar a Gobernación la base de datos del patrón electoral para que pudiera integrar el Registro Nacional de Población y emitir la cédula de identidad.

La oposición voto en contra con el argumento de que no se contemplan recursos para la aplicación de la ley y no se toma en cuenta el problema de la migración, entre otras razones.