Al cumplirse hoy nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) afirmó que los esfuerzos y avances del caso sólo alcanzarán la verdad y la justicia que las víctimas merecen si las distintas corporaciones de seguridad e inteligencia, civiles y militares, “colaboran efectivamente y entregan toda la información que está a su alcance de forma diligente y completa”.

Lo anterior, luego de que en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de julio pasado, se menciona “la negativa" de algunas de estas corporaciones "de entregar toda la información disponible”.

En un pronunciamiento, la ONU-DH destacó que los progresos alcanzados y el compromiso de algunas autoridades “no deben eclipsarse con demoras y obstrucciones por actores públicos, mismas que lastiman la confianza. Por el contrario, es preciso encontrar vías que sostengan y fortalezcan el valioso proceso de diálogo que se ha impulsado entre diversos actores, incluidos los padres y madres de los estudiantes”.

También manifestó que es el amor de las madres y los padres hacia sus hijos y la legítima búsqueda de la verdad y la justicia la causa que les anima, y que amerita el respaldo de todas las autoridades y la sociedad en su conjunto.

Reconoció que el trabajo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) ha permitido llevar a cabo múltiples diligencias de búsqueda, identificar a 434 actores relevantes que participaron en los crímenes perpetrados durante y después del 26 de septiembre de 2014, detener a 132 personas presuntamente responsables (entre ellas 14 militares) y acceder a diversas fuentes de información, que incluyen algunos archivos e instalaciones de las Fuerzas Armadas, entre otras acciones.

La ONU-DH señaló que es fundamental que los avances se consoliden y expandan hasta lograr esclarecer plenamente el paradero de los estudiantes y fortificar las investigaciones y procesos judiciales en curso. “Lo sucedido en el caso Ayotzinapa precisa no solo sanciones penales, sino también políticas y administrativas, a quienes hayan obstaculizado, desde sus diversos puestos de responsabilidad, el acceso a información, alterado evidencias o sostenido vínculos con el crimen organizado”, sostuvo.

Igualmente reconoció “el digno caminar de las familias que, a nueve años de la desaparición forzada de sus seres queridos, se mantienen firmes en sus exigencias y con la disposición para seguir caminando por un intrincado y doloroso sendero hasta dar con la localización de los normalistas y alcanzar el castigo de todos los responsables”.

La Oficina expresó también su reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado a las familias y han apoyado las legítimas causas que les impulsan a través de la defensa de sus derechos humanos. Asimismo, reiteró su compromiso de seguir brindando su asesoría y acompañamiento a los padres y madres, a sus representantes y a aquellas autoridades comprometidas con la verdad, la búsqueda efectiva y la reparación integral.