La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los avances en las investigaciones en el caso Ayotzinapa, “se han ralentizado” debido a la falta de entrega de “información relevante” por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

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Incluso, señaló, la dependencia castrense ha ido “en contra de las órdenes presidenciales” de entregar toda documentación relacionada con la desaparición de los 43 normalistas hace nueve años, tal  como reportó por el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI).

Al respecto, la CIDH recomendó, en términos estructurales, la importancia de evaluar los mecanismos de determinación de participación y responsabilidad de agentes militares “frente a la ocurrencia de vulneraciones a los derechos humanos”.

Mencionó que si bien una orden judicial de septiembre de 2023 ordenó la entrega de estos documentos y prohibió su destrucción, el organismo internacional consideró que el litigio “pudo evitarse con la cooperación de buena fe de las autoridades en poder de la documentación”. 

“La CIDH espera que dicha orden judicial sea acatada”, enfatizó en el marco del noveno aniversario de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, cuyos hechos ocurrieron la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Recordó que en el tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa (MESA), creado en 2016, recomendó al Estado mexicano establecer protocolos para que los documentos que podrían constituir evidencia en el caso Ayotzinapa puedan ser incorporados de modo rápido y sencillo a las investigaciones y judicializaciones en curso. 

Lo anterior, explicó, implica que “México adopte cambios y reformas en la estructura orgánica y funcional de los órganos de seguridad e inteligencia del Estado, desde la más alta jerarquía”.

Estos cambios y reformas deben estar orientados a erradicar las prácticas de ocultamiento de información en la investigación y judicialización de casos de graves violaciones a los derechos humanos, abundó. 

La CIDH reiteró su llamado a profundizar los esfuerzos estatales para romper el denominado "pacto de silencio", garantizando medidas de seguridad y protección personal a quienes aporten elementos relevantes para avanzar en las líneas de investigación y determinar el paradero de los estudiantes, “a través de confesiones voluntarias y legales de las personas”. 

De igual forma, instó al Poder Judicial para establecer las responsabilidades penales de las personas judicializadas, y sancionar a los responsables, a fin de evitar que los hechos queden en la impunidad.