Ciudad de México. Las familias de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 denunciaron que la nueva narrativa construida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre esos crímenes “está más cercana a la verdad histórica” que a la realidad.

Señalaron que la reciente información presentada esta tarde por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, “reduce totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando fuera a las autoridades, incluido el Ejército”.

Se les entregó una carta del presidente, un nuevo informe de Encinas y un reporte del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, y en ninguno de esos documentos, aseguraron, se dio respuesta a sus peticiones puntuales. Inclusive, acusaron que el general refiere que la información que se ha solicitado al Ejército la tiene Gildardo López Astudillo, alías El Gil, líder de Guerreros Unidos, por lo que recomienda al gobierno interrogarlo.

En víspera del noveno aniversario del ataque y desaparición forzada de los 43 normalistas y asesinato de otros de sus compañeros, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en la llamada Noche de Iguala, las madres y los padres de los estudiantes se reunieron esta tarde en Palacio Nacional con funcionarios federales, luego que el presidente López Obrador comprometiera este encuentro para entregar la información que han venido solicitando desde hace ya varios meses.

De su lado, en la red social X, el subsecretario Encinas señaló: “En cumplimento al compromiso del presidente @lopezobrador_ con los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos de #Ayotzinapa, se llevó a cabo la reunión para dar respuesta a la solicitud de información que hicieron al presidente”.

Tras casi dos horas y 45 minutos de intercambio, en entrevista al salir de la reunión, el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, señaló que “fue peor (ésta), pues ahora en el informe presentado por Encinas está incorporando elementos nuevos más cercanos a la verdad histórica; incluso criminaliza a los estudiantes, refiere que había una infiltración de parte de los estudiantes; reduce los hechos a un tema meramente local, meramente de Guerreros Unidos, la responsabilidad radica principalmente en Guerreros Unidos, dejando por fuera toda responsabilidad de las autoridades”.

Los padres han denunciado que aún falta que el Ejército entregue una intercepción telefónica entre uno de los jefes policiacos y uno de los líderes de Guerreros Unidos, que los militares obtuvieron a las 10 de la noche del día de los hechos. Afirman que en esa grabación, quienes mantenían la llamada, hablaban del traslado de 17 estudiantes a un lugar.

De acuerdo a los reportes hallados por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ), presidida por Encinas, sólo hay una hoja transcrita de esa conversación. De ahí que las familias demanden la comunicación completa y el dispositivo electrónico.

En el informe enviado por el titular de la Sedena —ausente en la reunión, por lo que fue leído por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icelas Rodríguez—, el general no responde a esta solicitud específica, insiste en que ya fueron entregados los documentos y recomienda preguntar a El Gil, señalado como uno de los principales responsables de los hechos, que fue detenido en 2015 y liberado en 2019 por un amparo.

“El secretario lo único que refiere es que esa información la tiene el señor Gil, y que el gobierno busque por ese lado, sin dar respuesta a la solicitud concreta que los padres plantearon”, refirió el abogado.

Indicó que la información se limitó a la responsabilidad de los militares ya detenidos, como el capitán José Martínez Crespo. Otro de los elementos castrenses señalados es José Rodríguez Pérez, quien era coronel y comandaba al momento de los crímenes el 27 Batallón de Infantería, y en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto fue ascendido a general.

Rosales agregó que toda la información presentada por los funcionarios federales “contradice” los reportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pues por ejemplo, Encinas insistió en el tema de las capturas de pantalla de conversaciones posteriores entre delincuentes y que dieron sustento a su primer informe sobre el caso, los cuales fueron “objetados” a través de un peritaje de los expertos internacionales.

Decepcionados tras no encontrar las respuestas prometidas, las familias y sus representantes adelantaron que analizarán si continúan o no en diálogo con el gobierno federal, que mantendrán el plantón en el Campo Militar 1 y que mañana, durante la marcha por los nueve años de los crímenes, darán una posición.

Por su parte, Mario César González, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, dijo que salieron decepcionados de la reunión y calificó como “una falta de respeto” la ausencia del secretario de la Defensa y que tuviera que leer su informe en su lugar la titular de la SSPC.

“No pudimos hacerle ninguna pregunta o cuestionarlo de lo que nosotros planeamos, de lo que nosotros necesitamos de esa información que tanto hemos estado pidiendo. Creo que ella no sabe nada, no tiene absolutamente nada de información y no ha participado ni en la COVAJ”.

González agregó que el propio subsecretario Encinas fue partícipe del descubrimiento de la conversación en la que se aludía a los 17 normalistas que serían llevados a algún sitio, y que los militares interceptaron, por lo que consideró que el gobierno federal “está protegiendo bastante” al Ejército.