Monterrey. Ante denuncias de abusos perpetrados por parte de personas que se ostentan como elementos policiacos o de migración, en contra de migrantes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos anunció que investiga los hechos que se dieron en los municipios de El Carmen y Escobedo, donde cientos de extranjeros quedaron varados, ante la suspensión de trenes de Ferromex.

Así lo informó Olga Susana Méndez Arellano, presidenta del organismo, quien dijo que de manera oficiosa, se abrieron dos expedientes.

"Algunas personas migrantes señalan que les quitan el dinero, esas se abren de oficio y se solicita el informe a la autoridad", indicó.

El viernes pasado, ante el paro de trenes de Ferromex, cientos de migrantes, la mayoría venezolanos, quedaron varados en el Estado en su trayecto hacia Piedras Negras, Coahuila, y cruzar a Eagle Pass, Texas, para pedir asilo.

Los extranjeros denunciaron que policías de El Carmen y Escobedo los extorsionan y les roban dinero y comida.

“A veces los detienen y no tienen facultades para detenerlos", apuntó la Ombudsperson. Lo que más señalan es este tipo de detenciones ilegales, donde participan elementos de Seguridad Pública Municipal de estos dos municipios, sin tener facultades para ello. "Se emite la recomendación y se pide una sanción administrativa".

Méndez Arellano manifestó que también estuvieron presentes en la Central de Autobuses de Monterrey, buscando asesorar a quienes viajan hacia la frontera.

Indicó que no recibieron quejas, pues los migrantes consideran que eso los puede retener en la ciudad, cuando no es así.

La presidenta de la CEDH agregó que el jueves enviaron un reporte al Subsecretario de Derechos Humanos federal, Alejandro Encinas, así como a Jesús Macías, de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Nuevo León, sobre las condiciones de la estación migratoria en Guadalupe.

Apuntó que solicitaron un dictamen de Protección Civil a una empresa privada, que reportó que existe riesgo porque las ventanas de la estación están selladas.

Méndez Arellano dijo que también se avisó a la CNDH, para evitar una tragedia como la del 27 de marzo en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la cual fallecieron 40 migrantes.