Las candidaturas independientes son recientes en México. En el siglo XX el sistema político estuvo bajo el dominio del PRI, pero las crecientes demandas de pluralidad y representatividad obligaron a modificar la legislación electoral.
El litigio de Jorge Castañeda Gutman ante la CIDH determinó en 2008 que México violaba derechos políticos al no permitir candidaturas independientes, por lo que sentenció al Estado mexicano a reformar su legislación para integrar estas figuras. Así, en 2015, México vio por primera vez candidatos independientes competir en comicios federales y locales. Un caso representativo fue el de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, quien en 2015 se convirtió en el primer gobernador independiente al ganar en Nuevo León.
Las candidaturas pueden ser una herramienta para revitalizar y diversificar la democracia, ya que ofrecen una alternativa a los partidos, que se perciben alejados de las necesidades y preocupaciones reales de la ciudadanía. Además, pueden funcionar como un canal para la participación de sectores de la sociedad que se sienten marginados o no representados.
Esta forma de participación independiente enfrenta obstáculos. Un ejemplo es que la recolección de firmas es un reto significativo, pues los aspirantes a candidatos independientes deben obtener un número considerable de apoyos ciudadanos en un tiempo limitado, lo que requiere de recursos y organización. Sumado a esto, la falta de financiamiento público inicial y la limitada exposición mediática comparada con los partidos les coloca en gran desventaja.
Fortalecer las candidaturas independientes podría incentivar a los partidos a renovarse, ser más transparentes y responder de manera más efectiva a las demandas ciudadanas. Las candidaturas enriquecerían el panorama político, promoviendo mayor pluralidad, inclusión y responsabilidad en el ejercicio del poder.
Rumbo a la elección presidencial de 2024, seis aspirantes a candidatos independientes recibieron su constancia, deberán reunir el uno por ciento de la lista nominal por la captación de firmas y podrán usar financiamiento privado sin rebasar el tope de gastos de 42 millones 963 mil 333 pesos. Será muy interesante observar si alguno de los aspirantes llegará a ser una opción real para la ciudadanía o será un rotundo fracaso.
