Después de su primera noche en el plantón que instalaron el miércoles pasado en la puerta 1 del Campo Militar 1-A, los padres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 acudieron ayer al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a manifestar que han observado una total parcialidad del Poder Judicial, particularmente en los juicios y procesos contra mandos castrenses por este caso.

Dieron a conocer que interpusieron un amparo contra la resolución de un juez federal que citó a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y al ex fiscal Omar Gómez Trejo, para ser interrogados a solicitud de la defensa legal de los 14 militares detenidos por su presunta participación en la desaparición de los estudiantes.

Para nosotros esto socava, medra las facultades del Ministerio Público y también el mecanismo de justicia transicional como el de la Comisión de la Verdad. Pone en riesgo la cooperación internacional, como de que un grupo de expertos venga a colaborar, brinde asistencia técnica y ahora la defensa de los militares quiera interrogarlos, aseveró Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, luego de que una comisión de padres y madres de los jóvenes ingresó al CJF para dialogar con el consejero Bernardo Bátiz Vázquez y personal de esta instancia.

Señaló que en el encuentro, que duró dos horas, expresaron su extrañamiento sobre la resolución del juez federal, toda vez que –destacó– va contra el principio de inmunidad diplomática que protege al GIEI, y en el caso de Encinas, en el marco de las facultades que le da la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, no puede ser citado.

Otro de los aspectos planteados en la reunión, resaltó, fue el juicio de amparo que interpusieron los familiares de los 43 contra la Secretaría de la Defensa Nacional por la negativa de entregar la información relevante que tiene que ver con el paradero de los estudiantes, desaparecidos en Iguala, Guerrero hace casi nueve años.

Igualmente expusieron el caso del coronel Rafael Hernández Nieto, quien era comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, durante los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, y a quien un juzgado de distrito le retiró la prisión preventiva para permitir que continúe su proceso en libertad.

Las familias de los jóvenes expresaron sentirse insatisfechas del diálogo con el CJF.

Finalmente regresaron al plantón del Campo Militar 1-A, en avenida del Conscripto.