México sí requiere una reforma electoral completa, que rompa con los paradigmas y que aborde, por ejemplo, asuntos urgentes como la participación del crimen organizado en las elecciones y la falta de sanciones a funcionarios públicos, advirtió Felipe de la Mata, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La reforma, abundó, deseablemente tendría que darse a mitad de sexenio, hacia 2025 o 2026. “Ojalá sea una gran reforma como la de 1977 o 1996, que cambien todos los paradigmas”.

Durante el conversatorio “¿Es necesario una reforma electoral”?, organizado dentro de la feria internacional del libro de este Tribunal, sostuvo en principio que la Constitución tiene que ser racional; sin embargo, en los años recientes las reformas han atentado contra la naturaleza de las cosas.

Y si bien nadie tiene duda de la necesidad de una reforma electoral, lo que se ha generado en este ámbito es “una serie de restricciones que atentan contra la naturaleza de la política”.

En ese sentido mencionó las restricciones en cuanto a comunicación política y propaganda electoral y actos anticipados, así como topes de campaña. Igualmente cuestionó la eficacia del sistema de fiscalización de recursos ejercidos por partidos políticos y candidatos, entre otros asuntos.

“Creo que el teema más urgente a debatir es la participación del crimen organizado en las elecciones. Tenemos precedentes en la Sala Superior donde hemos anulado municipios completos porque antes había embarazo de urna y ahora hay secuestro de urna y la regresan a las seis de la tarde, llena y con votaciones”, dijo.

Es momento, añadió, de romper la fórmula tradicional de la elección presencial en casillas y ahondar en la urna electrónica y en aceptar el voto anticipado. “Hay que romper los paradigmas del siglo 20”, subrayó De la Mata.

Igualmente abordó el sistema híbrido derivado de la reforma de 2014, así como el “sentido irracional” de las reglas actuales.

Planteó la opción de “repensar” todo el sistema judicial electoral, e invitó a los legisladores a abordar temas como la falta de un marco que permita que los servidores públicos sean sancionados cuando cometen infracciones electorales.

“El tema (de la falta de sanciones a servidores públicos) es patológico; quiero pensar que se les olvidó poner un catálogo de sanciones en 2014, en la reforma del 96. No quiero pensar que lo que dijeron fue ‘mientras seamos servidores públicos, vamos a ser intocables’”, dijo.