Mexicali, BC. En Baja California es una obligación constitucional que servidores públicos, incluidos los representantes populares, se apliquen un examen antidoping en marzo de cada año.
El único diputado de la XXIV Legislatura local que ha incumplido durante dos años consecutivos es el petista Marco Antonio Blásquez Salinas, sin medie ninguna explicación.
Esta conducta contraviene al artículo 92 de la Constitución Política de Baja California y el artículo 3 de la Ley de Responsabilidades Administrativas establecen la obligación de este análisis químico para detectar el uso y abuso de drogas. Incluso, el 12 de septiembre de 208, la Contraloría Interna del Congreso local dictó el Acuerdo para la Realización del Examen de Detección de Drogas.
Los 24 legisladores de los Grupos Parlamentarios que integran la Legislatura local, cumplieron con esta obligación, a excepción de Blásquez Salinas quien en 2012 obtuvo en tribunales un escaño senatorial en 2012 por el PT (Alianza Progresista) y al año siguiente fungió como coordinador político de la campaña del PRI, junto con el entonces diputado petista Jaime Bonilla.
El incumplimiento legal y constitucional del petista lo confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, el morenista Juan Manuel Molina.
