En el caso de Carmona Gándara, ha sido notable el empecinamiento de jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en impedir que siga preso, no obstante los graves señalamientos que pesan sobre él: encubrimiento de un feminicidio, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tortura y vinculación con grupos de la delincuencia organizada. Asimismo, existe en Morelos la extendida sospecha de que el fiscal estatal ha tenido una participación decisiva en la imposibilidad de esclarecer el crimen del ambientalista y activista indígena Samir Flores Soberanes, asesinado en su natal Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos, el 20 de febrero de 2019.
Collado Mocelo, por su parte, acaudalado litigante y quien fuera abogado de Raúl Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps y otras prominentes figuras del viejo régimen, así como prestanombres de la familia de Roberto Madrazo en operaciones inmobiliarias en Miami, fue detenido en 2019 y enfrenta cargos por delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal y peculado.
Desde que Carmona Gándara fue encarcelado, a principios de agosto, distintos togados han urdido toda suerte de justificaciones para conseguir que sea excarcelado; por lo demás, los intentos por desaforar y procesar en Morelos a ese funcionario, impuesto por el ex gobernador perredista Graco Ramírez, se toparon invariablemente con una espesa red de intereses que lo impidieron. Tales situaciones son de sobra reveladoras de la determinación y los recursos del fiscal para evadir la acción de la justicia, lo que habría debido constituir motivo suficiente para mantenerlo en prisión. El juez Villaseñor, por su parte, empleó como pretexto para ordenar la liberación de Collado Mocelo el mal estado de salud del detenido. Con ese argumento bien podría determinarse también la puesta en libertad de muchos reclusos, como el narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien fue sometido ayer a una intervención quirúrgica, y a quien el gobierno de Estados Unidos reclama en extradición.
Si a los casos referidos se agregan la cascada de decisiones para proteger y encubrir a presuntos delincuentes que ha tenido lugar desde que el pasado 2 de enero Norma Piña asumió la presidencia de la SCJN, así como los numerosos fallos orientados a obstaculizar las políticas públicas del gobierno federal y a favorecer intereses corporativos, es inevitable concluir que el Poder Judicial de la Federación no está dedicado a impartir justicia, sino a impedirla, y que urge su renovación de fondo.
