Cholula, Pue. Durante los últimos 15 años en México han sido asesinadas 450 mil personas y han desaparecido 111 mil. Si se quisiera dedicar un minuto de silencio por cada una de ellas “tendríamos que estar callados durante poco más de un año: 389 días en silencio para honrar la memoria de cada uno de los 561 mil muertos y desaparecidos”, planteó Elena Azaola Garrido, profesora e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).
En la inauguración del Diálogo Nacional por la Paz, realizado en la Universidad Iberoamericana (Uia) Puebla, la experta sostuvo que la violencia generada por el crimen organizado ha impactado directamente a “5 millones de personas” en el país, si se toma en cuenta a los padres, hijos, hermanos, esposas y amigos más cercanos de las personas asesinadas y desaparecidas.
En su ponencia, la antropóloga precisó que en los foros y encuentros preparatorios del Diálogo, efectuados en todo el país, los participantes identificaron que los responsables de la situación e inseguridad son “las autoridades de los distintos órdenes e instituciones de gobierno, que no han logrado contener la violencia, protegernos y ofrecernos seguridad” y “los grupos delictivos que utilizan la violencia para atemorizarnos y para asegurar su predominio sobre otros grupos, así como para avanzar en el control de más territorios”.
También la responsabilidad recae en todas y todos los ciudadanos que “no hemos podido o no hemos sabido poner un alto a la violencia y preservar la vida de todos y todas”.
El sacerdote jesuita, Jorge Atilano González, director del Diálogo Nacional por la Paz expuso que actualmente la sociedad se “enfrenta al dilema de esperar sentados como espectadores a que llegue el candidato(a) a la presidencia perfecto o avanzar en la corresponsabilidad desde ahora” para actuar y subrayó que “los foros muestra un sentir común de que la paz se va a construir desde los lugares”, de que “esta situación tan compleja no podrá ser resuelta por el gobierno que necesita la responsabilidad de todos los actores sociales”.
Añadió que cada vez más territorios están “controlados por las economías criminales” en donde “controlan los tianguis, los bosques, las mineras, las tortillerías, las policías o las fiscalías o las oficinas de atención a migrantes. Estas economías son alianzas, no es que de repente un grupo perverso empezó a hacer algo. No, son alianzas entre gente que quiere hacer negocios, entre políticos que se prestan para estos negocios y los grupos delictivos, que se usan mutuamente”.
Mario Patrón Rector de la Uia Puebla sostuvo que es “tiempo de sumarnos en una sola para proponer caminos de construcción de paz y exigir al Estado el establecimiento de una política nacional de pacificación” y Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla dijo que urgente “construir paz, justicia y seguridad” y elaborar una “agenda nacional para construir la paz” la cual será presentada a futuros candidatos a la Presidencia.
“Con esta agenda nacional por la paz se iniciará un proceso de diálogo con los futuros candidatos oficiales a la Presidencia de la República y a otros cargos, tratando de buscar compromisos para emprender otros caminos distintos a la actual estrategia de seguridad”.
Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expuso que “todos queremos fortalecer el tejido social y eclesial” y el “diálogo es la oportunidad de tejer palabras y corazones; queremos hablar desde el dolor y la esperanza”.
Ramón Castro, secretario general de la CEM sostuvo que “la gota que derramó el vaso fue el asesinato de nuestros hermanos jesuitas y de un laico, desde entonces la iglesia inicio procesos reflexión amplio, profundo e inédito” y añadió que durante 14 meses como iglesia impulsaron con ánimo, coraje y determinación diferentes acciones”, entre ellas conversatorios y foros por la paz en el que participaron jóvenes adultos, funcionarios de gobierno, policías, fiscales, magistrados y académicos”.
