Barcelona. La Fiscalía española pidió investigar las presuntas torturas sufridas por un sindicalista durante la dictadura apoyándose, entre otros, en la nueva ley de Memoria Democrática, que podría abrir camino para revisar posibles violaciones a los derechos humanos durante el franquismo.

Hasta muy recientemente, la justicia española había rechazado todas las denuncias de víctimas de la dictadura (1939-1975), escudándose en una Ley de Amnistía de 1977 que perdonó "todos los actos de intencionalidad política" anteriores a esa fecha, y también en la prescripción de delitos.

"La Fiscalía de Barcelona en coordinación con la Unidad Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado ha apoyado la admisión de una querella por crímenes contra la humanidad y torturas sufridas por un sindicalista durante su detención en los años 70", indicó el Ministerio Público este jueves en un comunicado.

Para la Fiscalía, la aprobación de la ley supone un nuevo escenario normativo para revisar estos hechos ocurridos a comienzos de la década de 1970, cuando el querellante fue detenido y torturado por agentes en una jefatura policial de Barcelona con el fin de obtener información sobre su actividad sindical, según la denuncia presentada en noviembre.

"La nueva Ley de Memoria Democrática impone al Estado, desde el ámbito de la justicia, el deber de investigar las violaciones del Derecho Internacional de los DH y del Derecho Internacional Humanitario ocurridas durante la guerra civil y la dictadura", explicó la Fiscalía.

Por ello, considera necesario "llevar a cabo una investigación de los hechos y de su contexto" antes de tomar una decisión sobre la continuación del proceso.

"Hasta ahora nunca una Fiscalía se había pronunciado en ese sentido", se congratuló la ONG Amnistía Internacional en la red social X -antes Twitter.

En caso de ser admitida a trámite, esta querella seguiría los pasos de la formulada por Julio Pacheco Yepes, quien el pasado viernes se convirtió en la primera víctima de torturas de la dictadura en declarar ante un juez desde la muerte de Franco en 1975.

La querella de este ex integrante de una organización estudiantil antifranquista había sido admitida a trámite en mayo por una jueza de instrucción de Madrid al constatar "la posible existencia" de "crímenes de lesa humanidad y torturas", según el auto en el que no citaba, sin embargo, la nueva ley.

La aprobación en octubre de la Ley de Memoria Democrática supuso un importante espaldarazo para las víctimas del franquismo, ya que entre las medidas que incluye para tratar de resarcirlas incluye la creación de una fiscalía dedicada a investigar las denuncias que quedaron sin juzgar.

"Es imprescindible" que estas querellas "sienten precedentes, que sean las primeras de muchas", ahondó Amnistía.