Xalapa, Ver. Familiares de los cafetaleros detenidos arbitrariamente el 26 de mayo en Veracruz, buscan que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, visite Ixhuatlán del Café para que conozcan de primera mano el caso, y emitan una recomendación al Gobierno Federal.

A unos días de que se cumplan cuatro meses de la detención arbitraria de cinco cafetaleros -de los cuales dos continúan en prisión–, y siete personas más se encuentren refugiadas tras la emisión de otras siete órdenes de aprehensión, las familias emitieron un comunicado donde solicitan la intervención de organismos internacionales para atender el caso.

Hace cuatro meses, con pruebas falsas, la Fiscalía de Veracruz detuvo a cinco cafetaleros por el presunto delito de estragos derivado de un incendio registrado en las bodegas de Agro Industrias Unidas de México (AMSA) SA de CV., en enero de 2022, durante una protesta por el castigo a los precios del café.

Desde que se conoció la noticia de su aprehensión, familiares y amigos defendieron la inocencia de las víctimas, y denunciaron las irregularidades y abuso de autoridad con que se realizaron los arrestos por parte de Policía Ministerial.

Las familias de los cafetaleros han enviado cartas a la Organización Internacional del Café, el Foro Mundial de Productores de Café, y a ECOM-Trading para que desistan de su acusación sin sustento veraz a los cafetaleros de Veracruz.

“Se ha estado en comunicación con funcionarios de presidencia y gobernación para que se tenga una intervención más efectiva en Veracruz, ante la obstrucción de funcionarios estatales y el sistema judicial que no permite la liberación de los cafetaleros que continúan detenidos”.

Por este caso, Viridiana Bretón, periodista y ex alcaldesa de Ixhuatlán del Café, y Crisanto Valiente, productor cafetalero, continúan detenidos, a pesar de que hay testigos por ambas partes, de que ellos no se encontraban en el sitio, en el momento del incendio.

Las familias denunciaron que la permanencia de dos productores de café en la cárcel, así como los otros siete que debieron refugiarse ante las órdenes de aprehensión dictadas en su contra han provocado fuertes estragos de salud, y económicas a sus familias.