Suarez, Cauca. La escena fue todo un fresco de la Colombia rural que el gobierno del presidente Gustavo Petro quiere enviar al olvido: guerrilleros y funcionarios públicos, campesinos que aún viven en los tiempos de la violencia eterna y un robusto cultivo de coca haciendo las veces de telón de fondo para el esperado anuncio de que el 8 de octubre se instalará una nueva mesa de negociaciones de paz entre el gobierno nacional y remanentes de la insurgencia.
Sucedió este mediodía en el ardiente caserío de Playa Rica, al norte del Cauca, el departamento donde mejor se condensan todos los factores y actores que impiden al país caminar por la senda del desarrollo económico y social tras décadas de confrontación armada, abandono estatal y dominio de las economías ilegales.
En el breve espacio de unos 150 metros cuadrados que sirve de coliseo deportivo a la comunidad, confluyeron las delegaciones de paz del gobierno y de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para anunciar -además- que el inicio de las conversaciones tendrá lugar en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, coincidiendo con la puesta en marcha de un alto al fuego entre los rebeldes y el ejército nacional.
Fueron testigos directos de este anuncio, representantes de la misión permanente de la Organización de Naciones Unidas en Colombia, voceros de la Organización de Estados Americanos y embajadores de países latinoamericanos y europeos que han acompañado durante trece meses las exploraciones previas que hicieron las partes antes de dar este paso, calificado de “sustancial” por el Comisionado de Paz, Danilo Rueda.
Portando pancartas alusivas a la paz y al cese al fuego, atentos labriegos curtidos por años de guerra, escucharon a los voceros de ambas partes cuando aseguraron que en el centro de las conversaciones estarán las comunidades con sus cargas de demandas insatisfechas y sus esperanzas que se pase definitivamente la página de la violencia que han padecido por años junto a sus familias.
Camilo González, jefe de la delegación de paz del gobierno ser refirió al hecho como un “salto histórico”, subrayando que el soporte sobre el cual se construirán los diálogos será el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Andrey Avendaño, quien lidera el equipo negociador de los irregulares, dijo que para ellos “paz significa que las noches de las comunidades sean tranquilas y que por fin tengan voz los que nunca la han tenido”.
En un comunicado conjunto, gobierno y guerrilla destacaron que -a diferencia de otros procesos- en este se avanzará sobre la base de llevar soluciones tempranas a las necesidades de la población, alimentando con hechos y acciones concretas las esperanzas de paz, sin esperar a que se firme un largo documento de compromisos al cabo de años de negociaciones.
“Reiteramos la firme convicción de construir un acuerdo de paz que ponga fin a la confrontación armada y propenda por el logro de una paz integral, estable y duradera con justicia social y ambiental”, se lee en la declaración conjunta.
El documento subraya que la instalación de la mesa estará acompañada con la aprobación de un acuerdo “para el respeto a la población civil y la implementación del cese al fuego bilateral, temporal, de carácter nacional y territorial”.
En vísperas de las elecciones regionales del 27 de octubre próximo, la guerrilla hizo el esperado anuncio de “respetar el libre ejercicio al voto”, permitiendo la actividad de las diversas campañas electorales en sus áreas de influencia.
De acuerdo con datos de fuentes militares, el EMC de las FARC cuenta con unos tres mil guerrilleros en armas, con presencia en 15 de los 32 departamentos del país, en especial en las áreas limítrofes con Venezuela, Ecuador y Perú.
La mesa de negociaciones que se instalará el 8 de octubre se suma a la ya existente, desde noviembre de 2022, con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que completó esta semana su cuarto ciclo en Caracas. Gobierno y ELN anunciaron que la nueva ronda, en octubre, regresará a México, donde ya estuvieron reunidas las partes.
