Ciudad de México. A seis años del sismo, la reconstrucción de decenas de inmuebles afectados está parada ante la falta de presupuesto y/o la negativa del gobierno a entregar los dictámenes de daños, lo que ha impedido a vecinos de 11 alcaldías regresar a sus hogares, a quienes el Instituto de Vivienda pretende endeudar, denunciaron damnificados.

El Invi, como organismo auxiliar de la Comisión para la Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad de México, pretende que contratemos créditos en Unidades de Medida y Actualización (UMAS), impagables para un amplio sector de la población damnificada.

Contrario al compromiso de la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, de “no endeudarnos”, ahora el Instituto pretende otorgar créditos para la reconstrucción y rehabilitación de viviendas, cuya actualización es con base en la inflación, dijeron.

Integrantes de la organización Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc señalaron que la banca “tramposamente” ha emprendido juicios hipotecarios sobre inmuebles de reconstrucción.

Hoy, abundaron, varios inmuebles ya se encuentran en remate judicial en detrimento de los damnificados y del erario público, porque la administración capitalina “ha dejado que bancos se queden con el recurso público del que son derechohabientes los damnificados”.

Los compromisos de atención y gestión firmados en minutas, son letra muerta y reflejan la falta de coordinación entre los diferentes órdenes de Gobierno y el aletargamiento de los tiempos de atención a los damnificados.

Desde finales del año pasado, por ejemplo, hay proyectos autorizados por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) que al transferir su atención al Invi paralizaron su ejecución, retrasando injustificadamente el retorno de los damnificados a sus hogares.

Además, el Gobierno capitalino asigna presupuestos insuficientes para la rehabilitación y reconstrucción de los inmuebles, provocando la inviabilidad de los proyectos o que los trabajos queden inconclusos.

El ISC reconoció que omitió respuesta a muchos predios dañados por el sismo y ha emitido extemporáneamente dictámenes del riesgo de edificios, pero sin reconocerlos como tales, pese a las documentales que acreditan que los mismos fueron solicitados desde el 2017.

Ante ello, urgieron al Jefe de Gobierno, Martí Batres, destrabar la reconstrucción de viviendas, y conocer el destino de más de 90 millones de pesos donados por la comunidad internacional, donde están involucradas 12 dependencias del Estado Mexicano.

Mientras, al Congreso capitalino solicitaron que impulse propuestas legislativas para la renovación de viviendas en edificios antiguos, que por la calidad de la construcción o su deterioro natural, representan un riesgo para sus habitantes y entorno.