Ciudad de México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Chihuahua por el motín registrado el primero de enero de este año en el Centro de Reinserción Social número 3 (CERESO-3), en el que fallecieron siete personas privadas de la libertad y 10 que laboraban en el penal. Argumentó que desde 2016 se había detectado sobrepoblación y hacinamiento, situaciones que no fueron atendidas.
Indicó que tras realizar una exhaustiva investigación del motín, que también ocasionó la evasión de personas internas y lesiones provocadas tanto a personas privadas de la libertad como a personal que trabajaba en el sitio, emitió la recomendación por “actos y omisiones de autoridades que resultaron en la violación de derechos humanos a la reinserción social, a la integridad personal, a la vida, a la seguridad jurídica y a la legalidad”.
En un comunicado explicó que a pesar de que sabía del hacinamiento y sobrepoblación en el Cereso “no se mostraron evidencias de que se hayan realizado acciones efectivas y preventivas para atender la problemática”. También se comprobó la insuficiencia de personal de seguridad y custodia para atender sus funciones, “que fue uno de los factores determinantes en el motín, no sólo ante la imposibilidad y dificultad de contrarrestar el incidente violento, sino para llevar a cabo acciones preventivas, identificar factores de riesgo y minimizar las probabilidades de que un disturbio de esa magnitud ocurriera”.
Agregó que en visitas que se realizaron al lugar entre 2020 y 2022 se documentó la existencia de zonas de privilegio, y además “prevalecía la libre entrada de objetos prohibidos, incluso armas de fuego”. Existía un “cogobierno”, argumento que se fortaleció por “la presencia de personas ajenas no privadas de su libertad, y el que hayan pernoctado ahí familiares”, pues el ingreso de “un número considerable de personas y la realización de una reunión clandestina, no pudieron pasar inadvertidas para las autoridades encargadas”.
La CNDH pidió al gobierno de Chihuahua que proceda a la reparación de daños ocasionados por el deceso de 17 personas durante los hechos ocurridos, así como para las personas que resultaron ser víctimas indirectas, a quienes se deberá otorgar una compensación apropiada y atención psicológica y tanatológica especializada, en caso de requerirla. Asimismo, deberá proporcionar seguimiento médico integral y especializado, para los diagnósticos que presentan actualmente 10 víctimas, derivados de lesiones ocasionadas por impactos de bala con arma de fuego.
A la Fiscalía General del Estado le pidió concretar la investigación y diligencias que conduzcan al esclarecimiento de los hechos. Y dio un plazo de seis meses para que las autoridades penitenciarias del estado apliquen acciones inmediatas para la adecuada clasificación de las personas internas, obedeciendo a criterios basados en edad, estado de salud, duración de sentencia, situación jurídica y datos objetivos tendientes a armonizar la gobernabilidad y la convivencia entre las personas privadas de la libertad.
