El pasado jueves, el Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la Justicia en Brasil, condenó por abrumadora mayoría a condenas pesadas a los tres primeros reos que participaron del intento de golpe de Estado el domingo 8 de enero. Dos fueron sentenciados con 17 años de cárcel y otro con 14.

De los 11 integrantes de la Corte, nueve votaron por la condena y solamente dos por declararlos absueltos. Ninguna sorpresa: los dos fueron nombrados por el desequilibrado ultraderechista Jair Bolsonaro durante su mandato presidencial, de 2019 al año pasado.

También se les aplicó una multa de 6 millones de dólares, que será compartida con los demás futuros condenados en el mismo juicio.

Hay otros mil 394 reos, y se especula que por menos 39 de ellos también recibirán condenas pesadas. Los demás deberán cumplir medidas restrictivas, como el uso obligatorio de tobilleras, la prohibición de usar redes sociales y el recogimiento nocturno y de fines de semana en sus viviendas.

Esta semana, por ejemplo, un cuarto preso será juzgado por la misma razón: haber participado del intento golpista y destrozado patrimonio público durante la invasión a las sedes de los tres poderes.

Al establecer claramente que lo que ocurrió el 8 de enero fue un intento de golpe el Supremo Tribunal Federal, liquida de una vez el intento de los seguidores del desequilibrado ultraderechista de que se trató de una manifestación multitudinaria.

Esa versión afirma que los destrozos provocados en la invasión de las sedes del Congreso, de la Presidencia y de la instancia máxima de Justicia fueron obra de izquierdistas infiltrados que contaron con la complicidad de las autoridades del gobierno de Lula que se mantuvieron inertes.

Juristas, analistas políticos y el público en general entendieron que la dureza de las penas impuestas en el primer juicio fue un claro mensaje del Supremo Tribunal Federal de defender la democracia amenazada por los seguidores de Bolsonaro.

Otro grupo que sale mal en la foto es el de las fuerzas armadas. Uno de los integrantes de la Corte afirmó que los campamentos armados delante de cuarteles y del mismo Comando General del Ejército, en Brasilia, fueron base para la acción de los golpistas del 8 de enero, que reivindicaban intervención militar para deponer a Lula da Silva. También llamó la atención que Brasil ha sido más rápido y más duro con los juzgados por el 8 de enero que Estados Unidos con los juzgados por la invasión del Capitolio, en Washington, el 6 de enero de 2021, luego de la derrota de Donald Trump frente a Joe Biden.

La dureza de las condenas en ese primer juicio prendió la señal de alerta en el entorno más directo del ultraderechista ex mandatario, que incluye a varios generales retirados además de asesores y familiares.

Bolsonaro, quien ya fue declarado inelegible por ocho años, se mantuvo en silencio. Él sabe, sus seguidores saben, todos saben que el cerco a su alrededor se cierra cada vez más. Al mismo tiempo, su aislamiento no hace más que aumentar. Con excepción de un grupo más radical que seguidores, calculado en 15 por ciento del electorado, sus columnas desmoronan.

Esto, para no mencionar lo que su antiguo edecán y hombre de la más absoluta confianza, el teniente coronel Mauro Cid, está revelando a la Policía Federal en su acuerdo de confesión que podrá disminuir su condena.

No hay previsión de fecha para el juicio de Bolsonaro. De parte de las autoridades, tanto de la Policía Federal como del Supremo Tribunal Federal, hay muestras palpables de no haber ninguna prisa.

Y mientras su hora no llega, serán cada vez más visibles las señales de que no habrá ninguna condescendencia frente a los crímenes que él cometió.

Él y, claro, su pandilla, empezando por sus hijos.