En el Proceso electoral 2023-2024, iniciado el pasado 7 de septiembre, podría presentarse un escenario de conflictividad por el número de cargos que estarán en juego, entre ellos la renovación de la Presidencia de la República. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prevé que las impugnaciones presentadas por los diversos actores políticos con respecto a los comicios de 2018 y 2021 podrían aumentar considerablemente. Por lo que toca a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel), las denuncias también podrían incrementarse con relación a la elección presidencial de 2018 y al proceso intermedio de 2021. La Fiscalía Electoral está preparada para atender las denuncias por posibles delitos electorales en todo el país, ya que cuenta con el apoyo total de la Fiscalía General de la República (FGR). Si bien el aparato administrativo de la Fisel es reducido, el respaldo de las 32 delegaciones de la FGR resulta imprescindible. De esta manera, los más de 10 mil funcionarios que integran la institución estarán atentos para investigar y, en su caso, perseguir a aquellos que vulneren la función pública electoral. Además, las fiscalías electorales de las entidades apoyarán a la institución federal cuando se trate de hechos delictivos de su competencia. Para el proceso electoral la Fisel aplicará la Ley General en materia de Delitos Electorales. Dicha legislación fue publicada en 2014, surgida después de la elección presidencial de 2012, en la que se rebasó el tope de gastos de campañas por 13 veces lo permitido. Esta legislación ha sido fortalecida con la finalidad de sancionar las conductas más nocivas para la función pública electoral. De este modo, en 2020 se adicionó el artículo 20 bis, que sanciona la violencia política contra las mujeres en razón de género y en 2021 se integró el uso de programas sociales con fines electorales como delito que amerita prisión preventiva oficiosa. En este proceso está por verse si la voluntad política del Presidente mostrada en procesos anteriores, consistente en un activismo para tener elecciones limpias continúa, ya que hasta antes de 2018 los mandatarios incluso daban instrucciones a funcionarios de segundo y tercer orden del aparato electoral para orquestar fraudes. El encubrimiento fue el comportamiento usual de los presidentes hasta 2018, pero a partir de ese año la presión ejercida por el Presidente de la República, principalmente hacia los gobernadores, ha disminuido dramáticamente las denuncias. Veremos si esta tendencia se mantiene.