Naucalpan, Méx. La defensa de las ambientalistas Carmen Rico y Felisa García obtuvo la noche de este jueves la reducción de la medida cautelar de medio millón de pesos a otras de 15 mil y 5 mil 700 pesos, respectivamente, para que ambas mujeres al momento presas en el Penal de Barrientos sigan sus procesos penales en libertad, luego de que el 5 de julio anterior ambas fueron detenidas en el municipio de Naucalpan por defender una superficie forestal que una empresa inmobiliaria pretende urbanizar.

Patricia Canales Martínez, abogada de ambas mujeres, dio a conocer que mediante la presentación de un estudio socioeconómico de las amas de casa, el juez de control que lleva el caso aceptó modificar el monto de la medida cautelar, y con ello, esta noche se logró reducir la primera caución por los exagerados montos de 500 mil pesos impuestos a cada una de las imputadas.

Dijo que ahora lo que sigue será conseguir los brazaletes electrónicos para que las dos puedan salir del centro penitenciario Juan Fernández Albarrán, y que sus procesos continúen en libertad y en sus domicilios.

En el sistema penitenciario mexiquense los brazaletes de control electrónico son gratuitos, sin embargo, al parecer los equipos están agotados y habrá que buscar comprarlos, aunque se presume que el costo de los aparatos sería al menos de 50 mil pesos.

Felisa García y Carmen Rico fueron detenidas el 5 de julio anterior, luego de que vecinos de la colonia La Huerta defendieron un predio que trabajadores de una empresa inmobiliaria intentaron cercar.

Las dos mujeres, quienes fungen como representantes vecinales, fueron señaladas por empleados de la empresa inmobiliaria de haber llegado al predio el 7 de febrero; de pedir un pago de 2 millones de pesos, y de hacerse llamar integrantes de la organización criminal La Familia Michoacana.

Ambas fueron vinculadas a proceso penal por el delito de extorsión agravada. El juez de control a cargo de sus procesos les impuso una caución de medio millón de pesos a cada una, y el uso de un brazalete electrónico, para seguir sus juicios fuera del centro penitenciario.

“Fue un manotazo que dio la empresa desarrolladora a dos mujeres que entraron en defensa de un área forestal”, planteó la activista del colectivo Tribuna Urbana, Esther Tapia, al cuestionar el poder que tienen las desarrolladoras en Naucalpan.

Planteó que llegó el momento de que la sociedad civil, que lucha por una mejor condición de vida, dé “dos manotazos” a desarrolladoras que en Naucalpan buscar promover la ocupación de predios como el que defienden Carmen y Felisa, y pugnó por la conservación de zonas forestales.

Asimismo, Tapia informó que familiares, vecinos y amigos de las dos mujeres reúnen dinero para pagar las fianzas y comprar los brazaletes electrónicos.