Ciudad de México. La negación reiterada de atención médica y un diagnóstico erróneo, que no estuvo basado ni en la revisión física ni en la realización de análisis al paciente, cobró la vida de Daniel Emiliano Quintana Gutiérrez, un adolescente de 16 años, hermano de Fátima Quintana, quien pocos años antes (2015) fue víctima de feminicidio. Lo hechos ocurrieron a fines de noviembre de 2020, a poco más de medio año de haber comenzado la pandemia por covid-19 en el país.

Lorena Gutiérrez, madre de Daniel, exigió justicia y dijo que ello implica someter a procesos penales a los responsables y el retiro de las licencias profesionales de los médicos y sanción a los centros de salud involucrados.

El 31 de agosto pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH), emitió la recomendación 02VG/2023 dirigida a la Secretaría de Salud de Nuevo León, y establece que hubo “violaciones graves a los derechos humanos”. Se vulneraron los derechos a la vida, ante la falta de adopción de medidas para garantizar o salvaguardar la existencia del adolescente; a la salud, por haberse obstaculizado, restringido y negado la atención médica y al interés superior de la niñez, entre otras garantías.

En conferencia de prensa, acompañada por María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Gabriela Amores Moya, representante legal del caso y Ana Yeli Pérez, asesora jurídica del OCNF, contó lo ocurrido entre el 20 y el 24 de noviembre cuando visitaron cuatro hospitales, uno de ellos privado y un consultorio adyacente a farmacia, y ninguno de los médicos realizó las acciones necesarias para salvaguardar la vida de Daniel.

Finalmente el 24 de noviembre de 2020, perdió a otro de sus hijos, al cual le habían diagnosticado equivocadamente una “crisis de ansiedad”, cuando lo que le provoca el intenso dolor era una fisura en la cavidad abdominal, del lado derecho, de menos de un centímetro, lo cual lo podrían haber detectado con un ultrasonido, que nunca se realizó.

Al menor, bajo el diagnóstico errado le administraron medicamentos psiquiátricos que agravaron su condición al generar una úlcera péptica.

Estrada habló de las consecuencias que tienen los feminicidios en las vidas de las familias, una de ellas es el desplazamiento forzado, pues en el caso de ellos debieron ser reubicados en Nuevo León, tras las amenazas recibidas por parte de implicados en el caso de Fátima, quien fue víctima de feminicidio cuando tenía de 12 años de edad. El crimen ocurrió en el estado de México, en donde residían.

La familia estaba bajo un protoloco de resguardo, pero señalaron que estos esquemas no brindan las condiciones necesarias. En el caso de Daniel, requería atención médica, y aunque Lorena se comunicó con las comisiones estatales de víctimas de ambos estados para tener apoyo médico, éste no llegó. Solo enviaron a un médico, que dijo que regresaría, pero ya era tarde.

La CEDH de Nuevo León, establece que hubo una “negligente prestación de la atención médica, permitiendo que sufriera un severo dolor (abdominal) y su estado de salud decayera hasta su fallecimiento”. Daniel, al igual que su familia estaba muy afectado por el femincidio de su hermana, y con base en eso, y sin mediar una revisión médica, los médicos asumieron que su condición era el resultado de esa situación. Daniel fue una víctima colateral de la violencia feminicida, señalaron.

Sobre ello, la litigante Ana Yeli Pérez lamentó que en el país no haya algún análisis sobre las víctimas indirectas de los feminicidios ni cómo viven tras los crímenes, más aún cuando son reubicados en otros lugares para salvaguardarlos. La familia de Daniel fue trasladada a un municipio de Nuevo León en 2017.

Lorena narró que al primer servicio médico que acudieron fue al Materno Infantil, en donde le personal negó la atención médica porque Daniel tenía 16 años, y sostuvieron que allí solo se atendía a menores de hasta 15 años y siete meses.

Luego acudieron al hospital privado en donde hubo negación de atención y se señaló que el adolescente requería de ansiolíticos y antidepresivos, con base en el diagnóstico equivocado de “crisis de ansiedad”.

Lo remitieron al Hospital Universitario, en donde los remitieron al Hospital Psiquiátrico. Allí un médico psiquiatra, aunque se le explicó que Daniel tenía un fuerte dolor abdominal y solo ingería agua y suero, y los que vomitaba, suministró medicamentos psiquiátricos y lo envió a casa.

El 24 de noviembre, a las 13:30 horas Daniel arrojó sangre por la boca, nariz y oídos y perdió la vida.