Once de los 12 policías estatales de Tamaulipas acusados por la masacre de Camargo, en enero del 2021, en donde 19 personas fueron asesinadas y calcinadas -la mayoría migrantes guatemaltecos-, fueron declarados culpables por homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos cometidos en el desempeño de funciones administrativas.

El juez unitario de Enjuiciamiento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas de la Primera Región Judicial, Patricio Lugo, dictó la sentencia, que a decir de las organizaciones que acompañan a familiares de víctimas, es “emblemática” ya que es la primera condenatoria en contra de elementos del Estado mexicano por una masacre de migrantes.

Fundación para la Justicia y la Red Jesuita con Migrantes Guatemala informaron que está pendiente la audiencia para individualizar la pena de cada persona responsable y también la reparación del daño.

Resaltaron que el proceso para llegar a esta sentencia ha sido “tremendamente difícil para las familias de las víctimas” que viven en otro país, pues 17 eran originarios de Guatemala y uno de El Salvador, ya que se enfrentan “a un sistema judicial complejo que desconocen totalmente, al que muchas veces se suma la dificultad del idioma y que no cuentan con espacios suficientes para lograr expresar con todas su dimensión su sentir”.

Detallaron que durante el juicio, que comenzó el 22 de mayo pasado, fueron presentados más de 60 testimonios para reconstruir esa “horrenda” tragedia y para ello intervinieron vecinos del lugar, peritos forenses, analistas, expertos en múltiples disciplinas y policías de investigación.

Indicaron que el elemento Ismael Vázquez fue clave, pues se acogió al criterio de oportunidad que permite que pueda decir lo que sucedió, a cambio de un beneficio que, en este caso, fue la excusión del delito de homicidio.

“Al acercarme a la camioneta tipo pick up, vi personas heridas en la parte de la batea y al abrir la puerta de la cabina, me percaté que había mujeres heridas por arma de fuego y una de ellas sin vida, así como un menor de edad… (Horacio, coordinador Grupo de Operaciones Especiales) dio la instrucción de rematar a las personas que aún se encontraban con vida… Regresamos al día siguiente para empezar a levantar los casquillos que habían quedado en el lugar y colocar otros de diferentes armas”, declaró en su momento Vázquez.

Las organizaciones reconocieron que aún queda pendiente la investigación respecto a los demás servidores públicos involucrados en la masacre, entre ellos otros policías que estuvieron presentes, la cadena de mando y servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM), pues el vehículo en el que se transportaban las víctimas había sido retenido por la delegación de dicho órgano de Nuevo León, en diciembre de 2020.

Por estos hechos, dos trabajadores del INM y siete policías municipales de Escobedo fueron acusados, sin que su implicación en la masacre de las 19 personas, haya sido esclarecida totalmente, enfatizaron.

Destacaron que lo sucedido en Camargo demuestra que en México, “agentes del Estado torturan y asesinan a personas migrantes, y no podemos olvidar que hay otras masacres cuyas investigaciones están en manos de la Fiscalía General de la República, donde se mantiene una máquina de impunidad”.

Refirieron que las cinco masacres que han registrado “suman –hasta donde sabemos– 352 víctimas”.

Respecto al sentir de las familias de las víctimas sobre la sentencia de Camargo, las organizaciones compartieron que “están contentas porque el juez dio un fallo justo”, pero dejan en claro que esto “no podrá devolverles a sus seres queridos y así vuelve la tristeza”.

Expusieron que los efectos que dejó esta masacre no se pueden medir. “Muchas familias se quedaron sin el sustento para sus hijos y para el resto de los dependientes. Ahora enfrentan un contexto muy difícil, no sólo desde la parte emocional y económica, sino hasta política, por todo lo que está pasando en su país de origen”.

Pese a ello, afirmaron que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Tamaulipas “ha estado ausente para apoyar a estas familias, discriminándolas por ser extranjeras. Ellas han tenido que viajar cada vez que había audiencia, con recursos que fueron ofrecidos por las organizaciones que les acompañamos, pero el Estado mexicano pese a que así lo establece la ley, ha estado totalmente ausente”.

"Esta sentencia es muy importante para nosotros como familias afectadas, pero también para el pueblo de Guatemala y para todos los migrantes que atraviesan por Guatemala y los hermanos mexicanos que migrarán hacia los Estados Unidos, para que no se vuelva a repetir lo que sucedió con nuestros hijos. Que todos los migrantes sepan que es posible tener justicia, esta lucha es por todos ellos", expresó Ricardo García Pérez, padre de San Cristina, víctima.