Los golpistas no daban crédito a la determinación de Allende de permanecer en La Moneda, defender la Constitución y el mandato que el pueblo chileno le había entregado el 4 de septiembre de 1970. Para los planificadores del golpe civil-militar no entraba en sus planes dicho escenario, convencidos que las declaraciones emitidas en diversas ocasiones, afirmando que sólo acribillándolo a balazos saldría de La Moneda era una bravuconería imposible de sostener llegado el momento. Los cobardes creen que todos son de su condición.

El asalto y bombardeo al palacio de La Moneda fue la respuesta de quienes, a pesar de tener la fuerza de las armas, no lograron que Allende claudicara de los principios democráticos. Los golpistas se quitaron las caretas mostrando su rostro, asesinos, a la par que verdugos de la democracia. Por consiguiente, el golpe de Estado quedó huérfano de legitimidad jurídica; la legitimidad política, se sobrentiende, nunca la tuvo. La junta militar sólo pudo gobernar mediante bandos militares hasta redactar su Constitución, vigente desde 1980. En este sentido, el golpe civil-militar no conseguiría argumentos legales para considerarse heredero de un gobierno al cual derrocaba constitucionalmente. En términos jurídicos, el golpe de Estado civil-militar fue una derrota estratégica para sus hacedores. Fracaso y derrota corroborada por la resolución de la Corte británica de octubre de 1998, que concedía la extradición de Augusto Pinochet a España para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, genocidio, terrorismo y violación de los derechos humanos. En este sentido, uno de los argumentos fue el poder espurio sobre los cuales se levantó el orden impuesto por la junta de gobierno. Transcurrieron 25 años desde el golpe de Estado, pero la respuesta de Salvador Allende a los golpistas mostró su fuerza en los tribunales de justicia. Consciente de su resolución de salvaguardar los valores democráticos a costa de su propia vida, se convirtió en un acto cargado de dignidad y defensa de la democracia.

La única forma de los golpistas de legitimar el golpe, al menos de cara a la sociedad internacional, era lograr un traspaso de poderes, mediante la renuncia del Ejecutivo. Así, ofrecieron un exilio al presidente y la salvaguarda de su familia a cambio de su renuncia. Pero el ofrecimiento era la pantomima de los generales traidores. La conversación mantenida entre Pinochet y el vicealmirante Carvajal dejó a las claras su felonía.

“Pinochet: Rendición incondicional, nada de parlamentar. Carvajal: Bien Conforme. Rendición incondicional y se le toma preso, ofreciéndole nada más respetar su vida, digamos. Pinochet: la vida y se le… su integridad física y en seguida se la va a despachar para otra parte. Carvajal: conforme... O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pinochet: se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país… Pero el avión se cae, viejo, cuando vaya volando. Carvajal: conforme, ja, ja, ja [se ríe]. Vamos a procurar que prospere el ­parlamento”.

El conocimiento de Salvador Allende de las circunstancias históricas por las cuales atravesaba la democracia chilena respondía a la convicción que lo acompañó durante toda su vida. Su apego a la democracia. Fue ésta lo que le llevó a entender que su decisión de permanecer en La Moneda y no dimitir era la única manera de conseguir que los responsables del golpe civil-militar acabasen juzgados. El cumplimiento de su palabra fue el último acto democrático del presidente Salvador Allende. Una lección para cobardes y traidores.