Ciudad de México. Al iniciar hoy la comparecencia del Estado mexicano ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CDF) de la ONU para revisar el cumplimiento de las recomendaciones que emitió este órgano en 2022, los expertos reiteraron sus preocupaciones porque continúa el aumento de personas desaparecidas en el país, con más de 111 mil, además de que no se ha logrado revertir la crisis forense y se mantiene un alto índice de impunidad en los casos.

Por su parte, el Estado mexicano destacó que el fortalecimiento institucional en el país ha tenido “avances claves” desde la visita del Comité, en 2021, tanto a nivel normativo, como en coordinación entre instituciones, acceso a la justicia, aumento de presupuesto destinado a atender esta problemática y la construcción de centros de identificación humana. Además, señaló que se trabaja en la verificación y actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

La delegación mexicana estuvo encabezada por Roberto de León, director general de Derechos Humanos de la Cancillería; así como Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), la embajadora Francisca Méndez Escobar y representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Consejo de la Judicatura.

En Ginebra, Suiza, el relator Horacio Ravenna expresó la preocupación del Comité porque el fenómeno de la desaparición forzada sigue en aumento en México y la falta de coordinación en la aplicación de la política nacional de prevención y erradicación de este flagelo. “En los informes que hemos recibido hemos notado que existe una respuesta parcializada de distintos sectores”, mencionó.

Sobre la crisis forense, lamentó que a pesar de que por lo menos desde 2019 se ha reconocido esta situación, con más de 52 mil cuerpos sin identificar, los esfuerzos del gobierno “no están dando resultados, no entendemos por qué, qué es lo que está pasando”.

El relator Juan Pablo Alban Alencastro se refirió al índice de impunidad en los delitos de desaparición, luego de que en 2021 éste llegaba al 98.9 por ciento en las entidades federativas. Expuso que según información allegada tanto por el Estado mexicano como por colectivos y organizaciones civiles “el grueso de las deficiencias en materia de investigación y justicia se registra a nivel de fiscalías debido a las limitadas capacidades de indagatoria, priorización de casos y de elaboración de políticas de persecución penal efectivas”.

Además, señaló que el Comité ha recibido información “preocupante” en el sentido de que la iniciativa y esfuerzos para el recabo de elementos que permitan esclarecer las desapariciones suelen dejarse en manos de familiares y allegados, “a quienes no obstante no se les prové información sobre el avance de las indagatorias ni se les permite acceder siempre a los expedientes”.

Asimismo, los expertos manifestaron su interés por saber qué acciones lleva a cabo el Estado para garantizar la seguridad de los funcionarios que están en riesgo por su labor en los trabajos relacionados con la búsqueda e investigación de casos, así como el avance en las investigaciones de las comisiones para la verdad sobre la guerra sucia y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al igual que sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

De parte del Estado mexicano, Irazoque, quien también participó como encargado temporal de despacho de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) -debido a la renuncia de Karla Quintana-, resaltó que del 8 de febrero de 2019 al 6 de septiembre del 2023, la CNB en coordinación con autoridades de diferentes órdenes de gobierno y familiares de personas desaparecidas ha implementado 4 mil 465 jornadas de búsqueda en campo en 30 entidades federativas y 617 municipios.

Especificó que en 45 por ciento de estas acciones se ha colaborado con las fiscalías estatales, con la FGR y otras autoridades.

Desde la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, de la FGR, Martha Pérez aseguró que ha habido una avance en la persecución penal puesto que de 2018 a 2021 se contaba solamente con 10 causas penales en el sistema acusatorio y una en el tradicional; sin embargo, del 2022 al 2023 aumentó a 20 en el primero y ocho en el segundo.

De León agregó que actualmente todas las entidades federativas cuentan con una fiscalía especializada o una unidad en materia de desaparición forzada.

Respecto al RNPDNO, la embajadora Méndez resaltó que actualmente está en marcha un proceso de verificación del estatus de las víctimas para tener una base “fiable, actualizada y eficiente”. Enfatizó que toda autoridad del Estado es auxiliar en la búsqueda de personas y en ese sentido bajo la coordinación de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SG y la CNB se sumó a las labores de actualización a la Secretaría de Bienestar.

Sobre el tema, Irazoque agregó que a la interoperatividad del RNPDNO con otras bases de datos y los cruces con otros registros es una obligación legal, por lo que en los últimos meses se ha intensificado y se han encontrado “ciertos indicios de vida de muchas personas que estarían registradas”.

A partir de ahí, continuó, “es que se ha generado un programa de búsqueda en vida que consiste en el despliegue de funcionarias y funcionarios como una decisión de gobierno, la cual fue instruida por el propio Presidente, y es así como estamos en una fase de seguir recopilando información de otras bases”.

La comparecencia del Estado mexicano continuará mañana y el viernes.