Ciudad de México. El “uso desproporcionado” del sistema de justicia en México es una de las amenazas principales que enfrentan los defensores del medio ambiente y el territorio, debido a que son criminalizados sin pruebas, sujetos a la fabricación de delitos y, en muchas ocasiones, objeto de múltiples formas de violencia como el hostigamiento, amenazas, desapariciones, desplazamiento forzado y asesinatos, señaló Amnistía Internacional (AI) México.

Los procesos penales en contra de personas defensoras “intentan ser un mecanismo disuasivo para otras personas que abogan por las mismas causas”, al causarles miedo al ver que sus legítimas demandas pueden terminar, además, en estigmatización y represión, indicó Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de la organización.

En el informe México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, Amnistía Internacional constató que una de las características comunes“preocupantes”, es que las denuncias presentadas van dirigidas en su gran mayoría a personas que son consideradas líderes o las más visibles de movimientos de protesta, a quienes “se les intenta procesar por delitos ambiguos, que no respetan el principio de legalidad” como motín, obstrucción de obra pública y las variaciones del delito de ataques a las vías de comunicación.

Mónica Oehler Toca, investigadora para México, anotó que las acusaciones son construidas principalmente mediante declaraciones de servidores públicos y de trabajadores de las empresas directamente relacionadas con los hechos denunciados por las comunidades. “En ningún expediente penal existe evidencia contundente que permita configurar algún delito”, enfatizó.

Afectaciones económicas, físicas y psicológicas como insomnio, ansiedad y miedo, así como “el efecto amedrentador o la inhibición” de la demanda de sus derechos de territorio y medio ambiente, son algunas de los impactos individuales y colectivos que sufren los defensores, mencionó.

Durante la presentación del documento en conferencia de prensa, Erika Guevara, directora para las Américas de AI, citó un informe dado a conocer hace un par de días, en el que en 2021 se documentaron 54 homicidios de defensores ambientales y de territorio en México, pero para el 2022 se registraron 31. El país ocupa el tercer lugar, después de Colombia y Brasil.

El informe presentado se enfoca en cuatro casos documentados en el país donde se utilizó el sistema penal de manera punitiva. Por ejemplo, en la Colonia Maya en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un grupo de personas se unió para protestar en contra de la construcción de un fraccionamiento residencial en una zona protegida en la que causaría daños ambientales.

En Sitilpech, Yucatán, pobladores de esta localidad se oponen a la mega granja porcícola en su territorio por la contaminación, afectaciones al agua y problemas de salud que genera. En Zacatepec, Morelos, en el que Miguel y Alejandro, comunicadores y defensores nahuas, protestaron en oposición a la construcción de un drenaje en Ciudad Industrial Huejotzingo, Puebla, que desembocaría en el Río Metlapanapa, contaminándolo.

En el caso de Chilón, Chiapas, en donde César y José Luis, defensores tseltales, fueron criminalizados por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio.

Un aspecto fundamental, es que tres de los cuatro casos son de pueblos indígenas, y en ninguno de estos hubo un proceso de consulta previa, libre e informada, mucho menos de consentimiento. “Los pobladores se dan cuenta de estos proyectos ya avanzados, sin una posibilidad de participar o de influir en ellos”, apuntó, Mónica Oehler.

El informe de Amnistía Internacional detalla varias recomendaciones generales para atender la problemática.

Entre sus recomendaciones llamó al Estado mexicano a que cese de inmediato la criminalización de la protesta y que los hechos de violaciones a derechos humanos en los casos documentados en el informe se investiguen de manera adecuada, para asegurar a las personas defensoras una reparación integral del daño.

Además, que las autoridades reconozcan la valiosa labor de las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente; se abstengan de estigmatizarlas; garanticen su participación en los asuntos que afectan a sus comunidades y se fortalezca el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La organización también planteó al gobierno mexicano se abstengan de utilizar cuerpos de seguridad, como la Guardia Nacional, para la vigilancia de protestas.