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Prófugos, funcionarios de Banca Afirme de BC acusados de abuso de confianza

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La FGE de BC ofrece 500 mil pesos por información que derive en la detención de David Alejandro Rodríguez Jacobo y Nabor Medina Garza. Foto ‘La Jornada’
13 de septiembre de 2023 09:52

Mexicali, BC. Acusados de desacato judicial en el proceso penal por el delito de abuso de confianza por retención, los funcionarios de Banca Afirme huyeron de México, vía Estados Unidos, y se encuentran en España, de acuerdo a fuentes consultadas.

A los funcionarios bancarios se les señala de retener 123 millones de pesos de un fideicomiso formalizado por el entonces gobernador Jaime Bonilla para un contrato ilegal de construcción de una planta de generación de energía fotovoltaica en Mexicali en beneficio de la empresa Next Energy.

Banca Afirme retuvo este monto desde febrero de 2022, el cual provenía de las participaciones federales que la Secretaría de Hacienda le entrega de manera mensual al gobierno del Estado.

La retención era por los avances de construcción de la planta pero la única evidencia del proyecto es la "primera piedra" que colocó Bonilla Valdez en 2021, toda vez que nunca contó con permisos federales y municipales, aun así Banca Afirme retuvo 123 millones de pesos para el pago de Next Energy y a pesar que el contrato se revocó por carecer de sustento legal ya que la Federación es la única facultada para estos fines.

Ante la negativa de los funcionarios de comparecer ante el Juez de Control se resolvió librar una orden de aprehensión de David Alejandro Rodríguez Jacobo y Nabor Medina Garza.

Incluso la Fiscalía General de Baja California ofreció una recompensa de 500 mil pesos para proporcionar datos que lleven a la captura de cada uno de los funcionarios bancarios.

Uno de los implicados viajó de Monterrey, Nuevo León, a la ciudad de McAllen, Texas, para trasladarse a Madrid.

El otro funcionario viajó de Monterrey a una playa de Oaxaca desde donde salió, en viaje privado, a MaAllen y de ahí a la capital de España.

Hasta el momento se desconoce si la fiscal General del Estado, María Elena Andrade, solicitó la emisión de una ficha roja a Interpol para su localización en Europa.

 

 

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