Jerusalén. La Corte Suprema de Israel abrió este martes el primer caso que examina la legalidad de la polémica reforma judicial propuesta por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, agravando un enfrentamiento con el gobierno de ultraderecha que ha dividido amargamente al país y lo ha dejado al borde de una crisis constitucional.

Como muestra de la importancia del caso, los 15 jueces que conforman el alto tribunal israelí están evaluando los recursos por primera vez en la historia de la institución. Normalmente, las salas están compuestas por tres magistrados, aunque a veces pueden ampliarse. El proceso se está emitiendo en vivo.

La ley, que fue aprobada por el parlamento en julio, anula la capacidad de la corte para revocar decisiones gubernamentales que considere “irrazonables”. Es la primera pieza de un plan más amplio del ejecutivo para debilitar a la Corte Suprema y dar más poder a la coalición gobernante.

Los contrarios a la reforma proceden en su mayoría de la clase media laica del país. Importantes empresarios del sector de la alta tecnología han amenazado con trasladarse. Y miles de reservistas militares han roto con el gobierno y declararon su negativa a presentarse a filas debido al plan.

Los partidarios de Netanyahu suelen ser más pobres, más religiosos y viven en asentamientos en Cisjordania o en zonas rurales periféricas. Parte de su base son judíos mizrahi de clase trabajadora, con raíces en países de Oriente Medio, que se han mostrado hostiles hacia lo que consideran una clase elitista de judíos asquenazíes o europeos.

A última hora del lunes, decenas de miles de manifestantes se congregaron ante la Corte Suprema ondeando banderas y coreando consignas contra el gobierno.

La ley se aprobó como una enmienda a lo que en Israel se conoce como “Ley Fundamental", una legislación especial que funciona como una especie de Constitución, algo que Israel no tiene. El alto tribunal nunca ha derogado una de estas leyes, pero alega que tiene potestad para hacerlo. El gobierno considera que no.

En una declaración previa a la vista del martes, el ministro de Justicia, Yariv Levin, dijo que la institución “carece de toda autoridad" para revisar la ley. “Es un golpe letal a la democracia y al estatus de la Knesset”, afirmó insistiendo en que los legisladores elegidos por la población deberían tener la última palabra sobre la legislación.

Entre los demandantes que exigen la anulación de la ley hay varios grupos de la sociedad civil que defienden los derechos humanos y la buena gobernanza. No se espera un fallo el martes, pero la vista podría arrojar pistas sobre la opinión de la corte.