La pugna entre la tradicional política partidista contra la asamblea comunitaria está en el fondo de las detenciones ocurridas desde diciembre de 2014. Las acusaciones más graves contra 40 integrantes de la comunidad son asesinato y tentativa de asesinato, pero sus familiares y defensores han documentado la intromisión de diversos funcionarios para fabricar declaraciones y construir la culpabilidad
, afirma Argelia Betazos en entrevista.
Entre los 40 incriminados, advierte la abogada mazateca e hija de uno de los presos, estaban seis indígenas, una de ellas, Brígida Bautista Guerrero, fue encarcelada dos años y liberada; las otras cinco vivieron desplazamiento forzado y ganaron la negativa de orden de aprehensión. Las acusaban del homicidio de Manuel Zepeda y de tentativa de homicidio de Elisa Zepeda, titular de la Secretaría de las Mujeres estatal, quien, advierte Betazos, siendo la responsable de defender los derechos de las mujeres, es quien acusó con pruebas fabricadas a seis mujeres de su pueblo que fueron exculpadas por amparos federales
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Del grupo de acusados, Jaime Betanzos, Herminio Monfil, Alfredo Bolaños y Fernando Gabito, llevan casi nueve años presos sin sentencia; Francisco Durán, cinco años y sin sentencia. Y apenas en mayo pasado fueron detenidos Marcelino Miramón y Paúl Reyes, con irregularidades comprobables.
La pregunta es quién realmente está detrás de este caso emblemático de falta de justicia. ¿Por qué no importan los amparos federales ganados? ¿Por qué es tan complicada la liberación de personas que han probado su inocencia?
