Santiago. Al tiempo que la derecha chilena ratificó que no concurrirá el lunes a la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, y que no firmará una carta propuesta por el presidente Gabriel Boric para cuidar y defender la democracia, enfrentar los desafíos con más democracia y promover los derechos humanos, cuatro ex mandatarios suscribieron ese documento ayer.

Entre quienes lo signaron se cuenta el derechista Sebastián Piñera, quien se distanció así de su sector, generando molestia allí, si bien declinó ir al acto oficial en la Plaza de la Constitución. Los otros ex gobernantes son Michelle Bachelet, quien confirmó su asistencia, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos, que no estarán presentes, el primero porque realiza un viaje fuera del país y el segundo por convalecer de una caída.

La decisión de los líderes de Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya; Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, y de Evolución Política (Evopoli), Gloria Hutt, es otra vuelta de tuerca al polarizado, enrarecido y eléctrico –como lo definió Boric hace unos días– ambiente que rodea la conmemoración del medio siglo transcurrido desde el derrocamiento del presidente socialista Salvador Allende y el inicio de la sanguinaria dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, que entre asesinados, desaparecidos, presos políticos y torturados dejó más de 40 mil víctimas directas, según dos pesquisas oficiales.

Otras muestras de la crispación se sucedieron en la Cámara de Diputados, donde derechistas rehuyeron guardar un minuto de silencio en homenaje a legisladores izquierdistas ahora detenidos desaparecidos; o bien un abierto negacionismo en torno a delitos de lesa humanidad, por ejemplo, rechazando que hubiese mujeres embarazadas detenidas, torturadas y desaparecidas, cuando hay a lo menos nueve casos documentados, desconociéndose además qué pasó con las criaturas.

La derecha, como nunca en las cinco décadas recientes, ha salido a disputar que hubo causales que podrían explicar e incluso justificar la ruptura institucional de 1973, e insiste en que hay responsabilidades compartidas, desconociendo el intervencionismo desestabilizador de Estados Unidos.

Algo insinuaron los opositores en la declaración 50 años del quiebre de la democracia, en la que explican su decisión, al señalar que el golpe marcó la culminación de una profunda fractura social y política que afectó gravemente la convivencia, con efectos cuya huella pesa hoy en nuestras relaciones y confianzas, agregando que “la vivencia que cada persona experimentó y sus severas consecuencias nos obligan a reflexionar sobre estas cinco décadas, tomar conciencia de los aprendizajes y errores cometidos por todos los sectores, y mirar hacia el futuro, respetando las diferencias y las historias propias, sin pretender imponer verdades únicas, acogiendo con empatía el dolor de quienes han sufrido.

Invitamos al gobierno, y en particular al presidente Gabriel Boric, a promover un mensaje convocante, que enfatice los aspectos que nos unen, sin odio ni resentimiento, agregaron.

Pero no mencionan la palabra dictadura, tampoco golpe de Estado ni se condenan los crímenes aberrantes cometidos entre 1973 y 1990.

Otra expresión de la aspereza que prevalece es la aprobación de una ley que endurece la persecución de la ocupación de predios y/o viviendas, a la cual legisladores derechistas incorporaron una norma que permite que los propietarios, en determinados condiciones, puedan por mano propia hacer uso de la fuerza, contratando a privados, para desalojar a los ocupantes.

Ese articulado, evidentemente asociado a la violencia que prevalece en las regiones del sur, donde organizaciones armadas mapuches intentan recuperar tierras ancestrales, será vetado por el gobierno, según prometió la ministra del Interior, Carolina Tohá.