Madrid. Murcia se convirtió en la quinta comunidad autónoma de España con un gobierno de coalición entre la derecha del Partido Popular (PP) y la extrema derecha de Vox, después de que hicieron lo mismo en Castilla y León, Extremadura, Aragón y la Comunidad Valenciana. Fernando López Miras logró así su primera reelección en el cargo de presidente de la región y lo hizo en contra de su propio compromiso de no compartir gobierno con Vox, un partido político que niega la existencia de la violencia machista, que no reconoce los efectos del cambio climático, que aboga por la ilegalización de todos los partidos políticos independentistas y que incluso es partidario de la expulsión fulminante de todos los extranjeros que no tengan sus papeles en regla o que hayan cometido algún tipo de delito o infracción civil.
López Miras, del PP, fue elegido por amplía mayoría en el Congreso de Murcia como presidente del gobierno, con lo que inicia una nueva etapa de cuatro años, en la que compartirá equipo con la extrema derecha de Vox, que tendrán una serie de importantes carteras, como la Agricultura, Seguridad e Interior, y Fomento.
Para justificar su gobierno, López Miras se refirió a las negociaciones abiertas entre el gobierno español y el líder catalán Carles Puigdemont, dirigente de Junts per Cataluña y residente en Bruselas desde octubre del 2017 tras dirigir la declaración unilateral fallida de independencia. “Yo puedo reunirme con el señor José Ángel Antelo (líder de Vox) en cualquier lugar de la Región de Murcia para hablar. Ustedes prefieren los pactos que se negocian en el extranjero con un prófugo que no puede entrar a España, porque estaría detenido. En la Región de Murcia no hay nada que ocultar. Así que, lecciones de pactos, ninguna”.
El nuevo presidente murciano también advirtió que la “bandera” de su mandato será la de “la igualdad”, y “los derechos y libertades estarán protegidos y salvaguardados, como siempre han estado. El apocalipsis, donde sí puede acabar produciéndose, es en este país cuando Pedro Sánchez acabe cediendo ante las pretensiones de Puigdemont, y España deje de ser el país que hoy conocemos”, advirtió.
Al margen de la sesión de investidura en Murcia, el presidente del Tribunal Supremo español, Francisco Marín, instó al gobierno y a los partidos políticos con representación parlamentaria a renovar lo antes posible el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al sostener que esta situación, que se prolonga seis años, está asfixiando al funcionamiento de la justicia en España. “Esta situación, sostenida en el tiempo, está dando lugar a una disminución de las cifras de resolución de recursos mediante sentencia, y la solución a este problema no puede pasar sin más por la asignación de un mayor número de ponencias a los magistrados y magistradas que aún permanecen en las salas afectadas, que ya soportan una carga de trabajo altísima cuyo incremento resultaría del todo incompatible con el estudio sosegado que es inherente a la creación de la jurisprudencia.
Además, Marín advirtió que “los ataques a la independencia judicial pueden tener diversos orígenes y mostrar múltiples variantes. En ocasiones son comportamientos activos, de intromisión directa o indirecta en la toma de decisiones judiciales para influir en ellas, procedentes incluso de los propios dirigentes políticos. Pero esos ataques pueden surgir también de comportamientos omisivos, mucho más sutiles y por ello más peligrosos para el funcionamiento del sistema democrático, porque sus efectos perniciosos se despliegan no respecto de una decisión judicial concreta, sino respecto del propio funcionamiento del poder judicial, con el efecto, preconcebido o no, de provocar su desprestigio, debilitarlo y, si llega el caso, desviar la atención pública de otras cuestiones”.
