Ciudad de México. El ex director jurídico y de Gobierno, Luis Vizcaíno Carmona, se convirtió en el segundo funcionario de Benito Juárez sentenciado en procedimiento abreviado por el delito de enriquecimiento ilícito, recibiendo una condena de cuatro años de prisión, aunque será domiciliaria y una sanción pecunaria, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Ulises Lara López, coordinador de asesores de la dependencia, dio a conocer que el servidor público en el periodo comprendido de 2009 y 2016 aceptó “tácitamente” su responsabilidad en la comisión de ese ilícito.

A 14 meses de su detención, derivado de una investigación de corrupción inmobiliaria en la demarcación, donde a través de posibles extorsiones y supuestos intercambios de favores al margen de la ley, habría logrado enriquecerse, aceptó su responsabilidad.

La unidad judicial estación una sanción pecuniaria y ordenó el decomiso de las cuentas bancarias de dos de sus empresas; un inmueble ubicado en avenida Insurgentes Sur, colonia Guadalupe Inn, en la alcaldía Benito Juárez, del cual es propietario al 50 por ciento.

Dicho edificio está en copropiedad con otro servidor público de Benito Juárez que también se encuentra sujeto investigación -Nicias Aridjis, el primer sentenciado por enriquecimiento ilícito, en procedimiento abreviado- y cinco departamentos en un edificio en la calle de Petén, en la colonia Narvarte Oriente, precisó.

En un mensaje a medios, el también vocero de la FGJCDMX destacó que el ex funcionario admitió su responsabilidad penal y por ello la sentencia condenatoria, que no viola ni ha violentado su presunción de inocencia, como en algún momento lo argumentó ante una autoridad judicial.

Con ello, finalmente da la razón a “nuestras investigaciones profesionales, objetivas y científicas, elaboradas con rigor y una sólida integración de la carpeta de investigación”, dijo al señalar que agentes de investigación trabajan en la localización de Adelaida N.

La ex directora general de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos de Benito Juárez, del 2019 al 2022, cuenta con una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.

Actualmente, esté evadida de la acción de la justicia, luego de qué no se presentó a una audiencia inicial, a la que fue requerida por la autoridad judicial, precisó.

La información obtenida hasta el momento ha permitido ampliar las investigaciones y ha sido clave para conocer el modus operandi de esta red de corrupción en el sector bienes raíces, en la que presuntamente participaron varios ex servidores públicos y hacerse de manera irregular de diferentes inmuebles, aprovechándose de su encargo público.