Ciudad de México. En el caso de los procesos jurídicos contra el ex gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pareciera que el juez octavo de distrito de ese estado, Faustino Gutiérrez Pérez, “actúa como juez de consigna”, pues ha tenido varias decisiones favorables al ex mandatario que han evitado la justicia, señaló el subsecretario de Seguridad Pública federal, Luis Rodríguez Bucio.

En la sección Cero impunidad que cada 15 días se presenta en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario dio a conocer varias decisiones de este juzgador que han beneficiado a García Cabeza de Vaca.

Recordó que en octubre del año pasado le otorgó una suspensión provisional contra la orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en diversos delitos relacionados con el crimen organizado; y en febrero de 2023 lo amparó, aunque esta decisión fue revocada por un tribunal colegiado de Tamaulipas.

Rodríguez Bucio indicó que recientemente, Gutiérrez Pérez otorgó un amparo más en favor del ex gobernador de origen panista quien lo había solicitado para impedir que se le retiraran escoltas adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, y le fueran reasignados.

“De acuerdo al juzgador: ‘No basta con utilizar la frase por necesidades del servicio, sino que hay que justificarlo y sobre todo tomar en consideración la naturaleza del servicio de protección al que está sujeto el funcionario público’”.

Así, el funcionario federal -quien exhibió a otros juzgadores por diversos casos donde se dieron decisiones favorables a los presuntos criminales—, aseveró que “pareciera que el juez Gutiérrez Perez actuara como juez de consigna en los asuntos que lleva el ex gobernador tamaulipeco”.

En otro caso, se exhibió al secretario encargado del despacho del juzgado decimoséptimo de distrito en Veracruz, Andrés Rossell Martínez, por favorecer al ex fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, acusado de secuestro y desaparición forzada.

“Le otorgó una suspensión provisional para para cesar la prisión preventiva oficiosa, pues a su criterio es contraria a los tratados internacionales y ordenó a que se le otorgue a las partes la oportunidad de evaluar la imposición de otra u otras medidas cautelares previstas en la ley”.

Rodríguez Bucio señaló que con esa resolución intentó liberar al ex fiscal, a pesar de que los delitos por los que se le investiga son graves. Sin embargo, el juez de control que lleva el proceso penal impuso prisión preventiva justificada.